SAGRILAFT y PTEE en 2026: Riesgos de desmontar su sistema de cumplimiento si sus ingresos bajaron


La Superintendencia de Sociedades, en el oficio 195-331826 del 23 de agosto de 2026, aclaró que las empresas que dejen de cumplir los topes financieros para implementar SAGRILAFT y PTEE bajo la nueva Circular 100-000020 de 2026 no pueden desmantelar sus sistemas de inmediato. Deberán mantenerlos por un periodo legal de permanencia y reportar su gestión pasada para evitar investigaciones y severas multas.

Para los empresarios, optimizar el presupuesto de cumplimiento normativo es vital frente a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, si los ingresos o activos de su compañía cayeron por debajo del nuevo umbral de 4.929.017 UVB ($59.690.395.870 en 2026) y asume que ya puede prescindir de su Oficial de Cumplimiento o apagar su sistema de prevención de lavado de activos (SAGRILAFT) y transparencia (PTEE) para reducir costos, está asumiendo un riesgo enorme. Desmontar estos controles corporativos de forma abrupta lo expone a investigaciones retroactivas por parte de la autoridad. La Superintendencia ha activado reglas estrictas de "permanencia" que obligan a financiar y sostener la operatividad de estos sistemas por un tiempo adicional, protegiendo así el patrimonio y la reputación de su negocio durante la transición.

El reciente pronunciamiento de la autoridad societaria establece las reglas para la transición hacia el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos (LA/FT/FP y C/ST), desglosando obligaciones operativas ineludibles:

• Periodo mínimo de permanencia (El "Freno de Mano"): Si al 31 de diciembre de cualquier año su empresa deja de cumplir los topes financieros (UVB) que la obligaban, no puede apagar el sistema al día siguiente. La ley exige mantener el Sistema integral operando por dos (2) años más, y el Régimen de Medidas Mínimas por un (1) año adicional.

• Reporte ineludible del Informe 75: No importa si hoy su empresa ya no cumple los umbrales de la nueva normativa; si durante la vigencia de las reglas anteriores (2025 o antes) estuvo obligada a implementar PTEE o SAGRILAFT, está obligada a presentar el Informe 75 por esos periodos pasados.

• Fiscalización retroactiva: La Superintendencia conserva sus facultades sancionatorias para investigar e imponer multas por cualquier irregularidad o falla en el SAGRILAFT o PTEE que haya ocurrido mientras las circulares antiguas estaban vigentes, incluso si su empresa ya no es sujeto obligado hoy.

• Transición obligatoria en 2027: Las empresas que venían cumpliendo con las regulaciones anteriores y continúan obligadas, tienen como plazo máximo el 31 de mayo de 2027 para ajustar sus manuales y matrices a las exigencias de la nueva normativa unificada.

• Blindaje documental: Los soportes de la debida diligencia, matrices de riesgo y actas no pueden destruirse. Deben resguardarse bajo los parámetros de archivo histórico exigidos por la ley, ya que serán su único escudo probatorio ante una auditoría futura.

3 Recomendaciones Prácticas:

1. Congele el desmonte de su área de cumplimiento: Si su junta directiva ordenó recortar el presupuesto de cumplimiento porque los activos cayeron por debajo de los 4.929.017 UVB, detenga esa orden. Verifique primero en qué año ocurrió el bajón financiero y calcule el periodo de permanencia de dos años exigido por la ley.

2. Asegure la presentación del Informe 75 histórico: Instruya a su Oficial de Cumplimiento y a su revisor fiscal para que validen que el Informe 75 de los años en que sí estuvieron obligados bajo las normas derogadas (Circulares 100-000016 y 100-000011) se transmita exitosamente en el aplicativo SIRFIN. No hacerlo genera requerimientos automáticos.

3. Mantenga el sistema como ventaja competitiva (Adopción voluntaria): Una vez superado el periodo legal de permanencia, no deseche el trabajo realizado. Transforme su sistema en una política voluntaria de buen gobierno corporativo. Esto no lo convierte en "sujeto obligado" ante la Superintendencia, pero sí le abre puertas con bancos, grandes superficies y licitaciones internacionales que exigen estándares de transparencia a sus proveedores.

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Liquidar su empresa no borra las deudas de la DIAN: riesgos patrimoniales para socios y liquidadores

 

La DIAN reiteró, en el concepto 1654 [016289] del 15 septiembre de 2026, que cancelar el RUT y liquidar formalmente una sociedad no extingue, per se, sus deudas tributarias preexistentes. Si los impuestos quedaron sin pagar, la autoridad fiscal puede perseguir, si se cumplen los presupuestos previstos en las normas, el patrimonio personal de los socios, accionistas y del liquidador, exigiendo el pago bajo la figura de responsabilidad solidaria y subsidiaria.

En el referido concepto la DIAN, grosso modo, recuerda que cerrar la persiana de un negocio, registrar el acta final de liquidación en la Cámara de Comercio y cancelar el RUT no es el punto final de las responsabilidades tributarias si existen impuestos pendientes. Para los empresarios y gerentes, creer que la "desaparición jurídica" de la empresa entierra las contingencias fiscales es un error que puede costarles su patrimonio personal. Si una liquidación se ejecuta sin respetar la prioridad legal de los pasivos tributarios, la DIAN, según el concepto ya reseñado, procurará trasladar el cobro de esas deudas a las cuentas bancarias y bienes de los accionistas y del liquidador, generando contingencias en sus finanzas personales.

El reciente pronunciamiento de la autoridad tributaria refuta el mito de la absolución fiscal por liquidación. Ahora, para proteger su patrimonio personal, debe comprender las siguientes reglas del juego societario y tributario:

·        Las deudas sobreviven a la empresa: La extinción de la persona jurídica (inscripción de la cuenta final de liquidación) y la cancelación del RUT no son formas válidas para extinguir obligaciones fiscales. Los impuestos causados mientras la empresa operó siguen vivos, vigentes y plenamente exigibles.

·        El riesgo directo para el liquidador: Quien actúe como liquidador tiene la obligación ineludible de avisar a la DIAN dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia de la causal de disolución. Si omite este paso, o si al momento de repartir los activos le paga a otros acreedores antes que a la DIAN (desconociendo la prelación de créditos fiscales), responderá solidariamente con su propio bolsillo por los impuestos insolutos.

·        Responsabilidad subsidiaria de los socios: La desaparición de la empresa no deja a la DIAN con las manos vacías. La autoridad está facultada para vincular al proceso de cobro directamente a los socios y accionistas, quienes deberán responder por los impuestos de la sociedad a prorrata de su participación en el capital social.

·        Garantías procesales: La DIAN no tiene un poder ilimitado en el tiempo. Sus acciones de cobro contra liquidadores y socios deben ejecutarse respetando el debido proceso, los derechos de defensa y, crucialmente, dentro de los tiempos de firmeza de las declaraciones y los términos de prescripción de la acción de cobro.

3 Recomendaciones Prácticas:

1.      Notifique a la DIAN a tiempo: Si su empresa entra en causal de disolución, asegúrese de que el representante legal notifique formalmente a la oficina de cobranzas de la DIAN dentro de los 10 días siguientes. Cumplir este simple requisito temporal es el primer escudo para blindar al gerente y al liquidador contra la responsabilidad solidaria inicial.

2.      Respete la prelación de créditos al milímetro: Al momento de liquidar los activos y pagar las deudas del negocio, jamás ponga a proveedores, prestamistas comerciales u otros acreedores ordinarios por encima de los pasivos fiscales. Saltarse este orden legal hace al liquidador directamente responsable de la deuda tributaria frente al Estado.

3.      Audite pasivos ocultos antes del acta final: Antes de someter a aprobación la cuenta final de liquidación ante la asamblea de accionistas, solicite a su equipo contable y legal un estado de cuenta integral ante la DIAN. Identifique declaraciones omitidas, inexactitudes o intereses moratorios no contabilizados que puedan transformarse en un embargo sorpresa para los socios meses después de cerrada la empresa.

Cerrar una empresa debe ser un proceso corporativo estratégico y ordenado, no el inicio de un dolor de cabeza personal. Evite que una mala planificación en la etapa final de su negocio comprometa el patrimonio que tanto le ha costado construir. 

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Pagos indirectos y beneficios extralegales se deben reportar en nomina electrónica. Convenciones colectivas.


La correcta clasificación fiscal de los pagos indirectos, auxilios y beneficios extralegales entregados a sus empleados no es un simple formalismo de nómina, es una variable que impacta directamente la rentabilidad y el flujo de caja de su empresa. Un manejo inadecuado de estos rubros puede resultar en el rechazo de costos y deducciones en su declaración del impuesto sobre la renta, liquidación inexacta de retenciones en la fuente y la exposición a sanciones por reportes defectuosos en la nómina electrónica.

Mediante el Concepto Radicado 2026DP000323395 del 26 de octubre de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) resolvió interrogantes clave sobre el tratamiento de pagos indirectos derivados de convenciones colectivas. La entidad precisó que, si bien algunos auxilios para educación y salud otorgados a la generalidad de los empleados pueden no estar sujetos a retención en la fuente, estos pagos mantienen su naturaleza de ingreso gravado para el trabajador y deben reportarse obligatoriamente en el certificado de ingresos y retenciones (Formato 220). Asimismo, la autoridad tributaria fue categórica al advertir que, para que el empleador pueda tomar estos pagos como deducibles en renta, es un requisito insalvable incluirlos en el documento soporte de pago de nómina electrónica. 

Para garantizar el cumplimiento normativo y blindar fiscalmente su operación, sugerimos a los líderes de equipos tributarios implementar de inmediato las siguientes cinco acciones:

• Audite la aplicabilidad de retención en la fuente en auxilios: Verifique que los pagos indirectos por educación y salud cumplan el requisito estricto de estar dirigidos a la generalidad de los trabajadores y correspondan a programas permanentes de la empresa para no ser tomados como base de retención. Si se pagan como auxilios mensuales sin cumplir estas condiciones, están sujetos a retención. 

• Ajuste la expedición del Formato 220: Asegúrese de que los pagos indirectos, aunque constituyan un logro sindical o un beneficio extralegal no sujeto a retención, se reporten como ingresos gravados (en el renglón de "otros ingresos laborales") dentro del certificado de ingresos y retenciones de sus colaboradores, ya que no son rentas exentas. 

• Integre todos los pagos en especie a la Nómina Electrónica: No confunda los reembolsos de gastos de la empresa con pagos en especie o auxilios para el trabajador. Todo pago indirecto, subsidio o salario integral que busque ser deducible en el impuesto sobre la renta debe estar soportado y transmitido a la DIAN a través del documento electrónico de nómina. 

• Mapee el impacto en aportes parafiscales: Tenga presente que, independientemente de si el pago se gira directamente a una entidad educativa o se entrega como auxilio al empleado, este rubro se considera un ingreso gravado en cabeza del trabajador sobre el cual la empresa debe liquidar los correspondientes aportes parafiscales. 

• Evite el pago a terceros no vinculados sin sustento legal: Controle los pagos en especie realizados a terceros por servicios o bienes destinados al trabajador o a sus familiares (hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad), garantizando que se reporten como ingreso a favor del beneficiario a valor de mercado. 


Cálculo de Dividendos No Gravados: Nuevo concepto de la DIAN favorece la rentabilidad de accionistas

 

La rentabilidad final de los inversionistas y el flujo de caja derivado de la distribución de utilidades acaban de recibir un importante pronunciamiento de las autoridades, pues con la reciente anulación parcial de la doctrina de la DIAN por parte del Consejo de Estado y la consecuente expedición del Concepto 1292 de agosto de 2026, las empresas colombianas ya no tendrán que castigar el cálculo de los dividendos no gravados restando el impuesto adicional derivado de la Tasa de Tributación Depurada (TTD). En términos financieros directos: su empresa ahora tiene la vía libre legal para maximizar el monto de las utilidades que pueden entregarse a los socios como un Ingreso No Constitutivo de Renta ni Ganancia Ocasional (INCRNGO), optimizando la carga tributaria en la cabeza del accionista.

El contexto y la nueva regla de juego Para determinar qué porción de las utilidades se puede entregar a los socios sin que paguen impuestos sobre ellas, el Artículo 49 del Estatuto Tributario exige restar de la renta líquida el "impuesto básico de renta". Hasta hace poco, la DIAN (mediante los Conceptos 006363 de 2023 y 006038 de 2024) había interpretado que este impuesto básico debía incluir también el impuesto a adicionar por la TTD introducida por la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022). Esto, en la práctica, reducía artificialmente la bolsa de dividendos libres de impuestos para los accionistas.

Sin embargo, el Consejo de Estado (Sección Cuarta, Sentencia del 23 de julio de 2026, Rad. 28920) tumbó esta interpretación, obligando a la DIAN a emitir el Concepto 1292 de 2026 para alinear su postura. La regla de derecho ahora es favorable para el empresariado:

·        Beneficio directo para los socios: El impuesto a adicionar derivado de la TTD no puede incorporarse al impuesto básico de renta para efectos de calcular la utilidad máxima susceptible de distribuirse como no gravada. Al restar un impuesto menor en la fórmula del Artículo 49, se libera una mayor cantidad de utilidades no gravadas.

·        La clave operativa en el Formulario 110: La DIAN aclara que el "impuesto básico de renta" equivale exclusivamente al valor registrado en la casilla 91 ("Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables"), la cual consolida el impuesto sobre la renta general y sus puntos adicionales, antes de descuentos.

·        Mitigación de riesgos contables: Queda zanjada la confusión técnica. El "impuesto básico" no es lo mismo que el "impuesto neto", y bajo ninguna circunstancia su equipo contable debe sumarle a la casilla 91 el impacto de la TTD para este cálculo societario.

5 Tips y Recomendaciones Prácticas para su Empresa:

1.     Revise los proyectos de distribución de utilidades: Si su empresa está por celebrar asambleas extraordinarias o planificando el cierre fiscal de 2026, asegúrese de que el cálculo de la reserva y los dividendos INCRNGO se esté realizando bajo esta nueva directriz, excluyendo la TTD de la fórmula del Artículo 49.

2.     Alinee a su equipo financiero y contable: Instruya formalmente a sus contadores y revisores fiscales para que utilicen exclusivamente la Casilla 91 del Formulario 110 como base para determinar el "impuesto básico de renta", sin adiciones innecesarias que perjudiquen a los accionistas.

3.     Audite declaraciones recientes: Evalúe si en distribuciones de utilidades recientes su compañía aplicó la doctrina anterior de la DIAN, castigando los dividendos de los socios. Identifique si existe viabilidad legal y financiera para reestructurar o corregir dichas distribuciones a la luz de la nulidad decretada por el Consejo de Estado.

4.     Documente claramente las actas de asamblea: Asegúrese de que en las actas donde se apruebe el proyecto de distribución de utilidades quede expresamente detallada la fórmula utilizada conforme al Concepto DIAN 1292 de 2026 y la Sentencia del Consejo de Estado, blindando la decisión ante futuras fiscalizaciones.

5.     Gestione la TTD de forma independiente: Comprenda que la Tasa de Tributación Depurada (TTD) sigue siendo una obligación real para la compañía (Parágrafo 6 del Art. 240 E.T.), pero su impacto debe gestionarse financieramente a nivel corporativo, sin trasladar ineficiencias al cálculo de los dividendos de los inversionistas.

Aportes a Seguridad Social para independientes y rentistas: Consejo de Estado despeja dudas sobre IBC y presunción de costos

 

Uno de los mayores dolores de cabeza para los comerciantes, rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia es la correcta liquidación de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el temor a un requerimiento o a un proceso de fiscalización por parte de la UGPP es una preocupación constante en las juntas directivas y en la planeación financiera personal de los empresarios. Sobre este tema la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la Sentencia 28581 del 17 de septiembre de 2026, se pronunció sobre el Decreto 1601 de 2022, norma que regula la presunción de ingresos y costos para la determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC).

¿Cuál era la controversia jurídica?

Un ciudadano demandó el Decreto 1601 de 2022 solicitando su nulidad, argumentando que el Gobierno Nacional había incumplido el mandato legal de crear un "sistema de presunción de ingresos", según el demandante, el decreto se limitó a estructurar un "esquema de presunción de costos" (basado en resoluciones previas de la UGPP), dejando la responsabilidad de determinar el ingreso bruto en manos del trabajador independiente, lo cual, a su juicio, no constituía una verdadera presunción. El argumento central radicaba en que el Estado debía presumir de entrada cuánto ganaba la persona basándose en variables como su nivel educativo, experiencia o región, en lugar de enfocarse en los costos de su actividad económica.

El Consejo de Estado desestimó los argumentos del demandante y avaló la legalidad del decreto, el alto tribunal aclaró cómo debe interpretarse la normatividad en materia de seguridad social para independientes:

  • El IBC se basa en el ingreso efectivamente percibido: La base de cotización de un independiente que asume el riesgo de su operación no puede ser su ingreso bruto. El verdadero indicador de su capacidad de pago es su ingreso neto, es decir, lo que le queda en el bolsillo después de asumir los gastos propios de su operación.
  • Presumir costos es la vía técnica para presumir ingresos netos: El Consejo de Estado determinó que, mediante una interpretación sistemática y finalista, establecer un esquema de costos presuntos es el mecanismo adecuado para llegar al ingreso efectivamente percibido. El decreto define todos los elementos necesarios (ingreso bruto, esquema de presunción de costos e ingreso neto) para determinar la base gravable.
  • Atención a la realidad económica: El sistema avalado no es arbitrario; atiende al mandato legal de considerar la "actividad económica" del trabajador, asignando porcentajes de costos diferenciados y representativos según el sector productivo del independiente.

A la luz de esta decisión judicial, y con base en las normas le recordamos:

  1. Determine su Ingreso Bruto: Sume la totalidad de los ingresos generados en el desarrollo de su actividad durante el mes, excluyendo el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
  2. Depure sus Costos: Para hallar su ingreso neto, la norma le otorga dos opciones legales:
    • Método Real: Descontar las expensas y costos reales asociados a su actividad, siempre y cuando cumplan estrictamente con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario (relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad) y cuenten con los soportes idóneos.
    • Método Presunto (Decreto 1601 de 2022): Si no cuenta con todos los soportes documentales o prefiere la simplicidad administrativa, puede aplicar directamente el coeficiente de costos presuntos establecido en el anexo técnico del decreto, el cual varía según su actividad económica.
  3. Liquide y Pague: Sobre el ingreso neto resultante, aplique el porcentaje de cotización correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral. Recuerde que, por normatividad vigente, este pago se realiza mes vencido, momento en el cual usted ya tiene certeza absoluta de sus ingresos.