El nuevo costo de no saber quién es su cliente, Ley 2573 de 2026 (suplantación y cargas para los empresarios)

 

La entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 2573 de 2026 no es una mera actualización en materia de protección de datos, ella implica un rediseño en la gestión del riesgo de crédito, el fraude y la cobranza en Colombia. Para los gerentes y empresarios del sector financiero, retail, fintech y telecomunicaciones, el impacto financiero es de cuidado: un proceso de vinculación (onboarding) deficiente ya no solo genera fricciones comerciales, sino que se traduce automáticamente en cartera incobrable, contingencias tributarias y exposición a multas. Al trasladar la responsabilidad de la prueba a las empresas, la norma convierte la validación de identidad en un escudo indispensable para proteger la rentabilidad y el flujo de caja.

La nueva regla de derecho exige que toda entidad que venda bienes o servicios a crédito adopte medidas de seguridad digital suficientes para verificar la identidad de los usuarios. En caso de fraude, prioriza la protección del consumidor frente a las acciones de recuperación de cartera. A continuación, desglosamos los 9 cambios más importantes que trae esta ley frente a la normatividad anterior (Ley 1266 de 2008 y Ley 2157 de 2021) y su impacto en el negocio:

• 1. Inversión de la carga de la prueba (El riesgo lo asume la empresa): Ya no es el usuario quien debe sufrir el desgaste de demostrar que fue suplantado. Por mandato legal y constitucional (Sentencia C-413 de 2025), la carga es dinámica: es la compañía quien debe aportar el expediente de vinculación y demostrar tecnológicamente que fue diligente al validar la identidad del cliente. Si su empresa no puede probarlo, asume la pérdida.

• 2. Congelamiento inmediato del flujo de caja: Al recibir una reclamación por suplantación, la entidad está obligada a suspender inmediatamente los cobros, la causación de intereses y los gastos de cobranza. Su embudo de recuperación se detiene en el acto.

• 3. Prohibición de actuar como "juez y parte": A diferencia del pasado, su empresa no puede determinar unilateralmente que el reclamo es falso para reactivar los cobros. La suspensión del cobro de cartera se mantiene hasta que exista un pronunciamiento judicial definitivo que desvirtúe la suplantación (Art. 296 del Código Penal).

• 4. Marca de protección en Centrales de Riesgo: El reporte negativo tradicional desaparece temporalmente en estos casos. La empresa debe actualizar el estado del titular en los operadores de información (ej. PROCREDITO, Datacrédito) con la etiqueta "víctima de falsedad personal", impidiendo que su score crediticio se afecte.

• 5. Alerta tributaria obligatoria a la DIAN: Si el fraude generó ingresos ficticios atribuidos al titular (por ejemplo, el desembolso de un crédito), su compañía debe notificar a la DIAN para evitarle a la víctima un perjuicio tributario injustificado por incremento patrimonial o cruce de medios magnéticos.

• 6. Apertura total de la evidencia (Transparencia forzada): La empresa está obligada a entregar a la presunta víctima copia íntegra de los documentos, registros biométricos, logs y formularios utilizados para aprobar el producto o servicio. Negarse o dilatar esta entrega es una infracción directa al régimen de protección de datos.

• 7. Tiempos de respuesta ultracortos: Las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) por suplantación deben resolverse de fondo en un máximo de 10 días hábiles. Esto exige una integración tecnológica impecable entre el CRM, el área de prevención de fraude y el departamento legal.

• 8. Obligación de investigar al cliente interno: La norma obliga a las compañías a adelantar investigaciones internas formales para descartar la participación, complicidad o negligencia de sus propios empleados o contratistas en el fraude, debiendo interponer denuncias penales si hallan indicios.

• 9. El estándar de "Ciberseguridad Demostrable": La validación de identidad deja de ser un check-list comercial y pasa a ser un expediente auditable. La ley exige medidas de seguridad digital razonables frente al nivel de riesgo de la operación. Esto obliga a los comercios a invertir en infraestructura anti-fraude (biometría robusta, validación de prueba de vida) para blindar sus operaciones.

El siguiente paso para su compañía

Implementar la Ley 2573 de 2026 requiere más que actualizar el manual legal; exige una reingeniería de los procesos de captura de clientes y gestión de cartera. Lo invitamos a auditar hoy mismo sus flujos de vinculación (onboarding), los tiempos de respuesta de su CRM y la robustez de sus pruebas digitales.

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SAGRILAFT y PTEE en 2026: Riesgos de desmontar su sistema de cumplimiento si sus ingresos bajaron


La Superintendencia de Sociedades, en el oficio 195-331826 del 23 de agosto de 2026, aclaró que las empresas que dejen de cumplir los topes financieros para implementar SAGRILAFT y PTEE bajo la nueva Circular 100-000020 de 2026 no pueden desmantelar sus sistemas de inmediato. Deberán mantenerlos por un periodo legal de permanencia y reportar su gestión pasada para evitar investigaciones y severas multas.

Para los empresarios, optimizar el presupuesto de cumplimiento normativo es vital frente a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, si los ingresos o activos de su compañía cayeron por debajo del nuevo umbral de 4.929.017 UVB ($59.690.395.870 en 2026) y asume que ya puede prescindir de su Oficial de Cumplimiento o apagar su sistema de prevención de lavado de activos (SAGRILAFT) y transparencia (PTEE) para reducir costos, está asumiendo un riesgo enorme. Desmontar estos controles corporativos de forma abrupta lo expone a investigaciones retroactivas por parte de la autoridad. La Superintendencia ha activado reglas estrictas de "permanencia" que obligan a financiar y sostener la operatividad de estos sistemas por un tiempo adicional, protegiendo así el patrimonio y la reputación de su negocio durante la transición.

El reciente pronunciamiento de la autoridad societaria establece las reglas para la transición hacia el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos (LA/FT/FP y C/ST), desglosando obligaciones operativas ineludibles:

• Periodo mínimo de permanencia (El "Freno de Mano"): Si al 31 de diciembre de cualquier año su empresa deja de cumplir los topes financieros (UVB) que la obligaban, no puede apagar el sistema al día siguiente. La ley exige mantener el Sistema integral operando por dos (2) años más, y el Régimen de Medidas Mínimas por un (1) año adicional.

• Reporte ineludible del Informe 75: No importa si hoy su empresa ya no cumple los umbrales de la nueva normativa; si durante la vigencia de las reglas anteriores (2025 o antes) estuvo obligada a implementar PTEE o SAGRILAFT, está obligada a presentar el Informe 75 por esos periodos pasados.

• Fiscalización retroactiva: La Superintendencia conserva sus facultades sancionatorias para investigar e imponer multas por cualquier irregularidad o falla en el SAGRILAFT o PTEE que haya ocurrido mientras las circulares antiguas estaban vigentes, incluso si su empresa ya no es sujeto obligado hoy.

• Transición obligatoria en 2027: Las empresas que venían cumpliendo con las regulaciones anteriores y continúan obligadas, tienen como plazo máximo el 31 de mayo de 2027 para ajustar sus manuales y matrices a las exigencias de la nueva normativa unificada.

• Blindaje documental: Los soportes de la debida diligencia, matrices de riesgo y actas no pueden destruirse. Deben resguardarse bajo los parámetros de archivo histórico exigidos por la ley, ya que serán su único escudo probatorio ante una auditoría futura.

3 Recomendaciones Prácticas:

1. Congele el desmonte de su área de cumplimiento: Si su junta directiva ordenó recortar el presupuesto de cumplimiento porque los activos cayeron por debajo de los 4.929.017 UVB, detenga esa orden. Verifique primero en qué año ocurrió el bajón financiero y calcule el periodo de permanencia de dos años exigido por la ley.

2. Asegure la presentación del Informe 75 histórico: Instruya a su Oficial de Cumplimiento y a su revisor fiscal para que validen que el Informe 75 de los años en que sí estuvieron obligados bajo las normas derogadas (Circulares 100-000016 y 100-000011) se transmita exitosamente en el aplicativo SIRFIN. No hacerlo genera requerimientos automáticos.

3. Mantenga el sistema como ventaja competitiva (Adopción voluntaria): Una vez superado el periodo legal de permanencia, no deseche el trabajo realizado. Transforme su sistema en una política voluntaria de buen gobierno corporativo. Esto no lo convierte en "sujeto obligado" ante la Superintendencia, pero sí le abre puertas con bancos, grandes superficies y licitaciones internacionales que exigen estándares de transparencia a sus proveedores.

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Liquidar su empresa no borra las deudas de la DIAN: riesgos patrimoniales para socios y liquidadores

 

La DIAN reiteró, en el concepto 1654 [016289] del 15 septiembre de 2026, que cancelar el RUT y liquidar formalmente una sociedad no extingue, per se, sus deudas tributarias preexistentes. Si los impuestos quedaron sin pagar, la autoridad fiscal puede perseguir, si se cumplen los presupuestos previstos en las normas, el patrimonio personal de los socios, accionistas y del liquidador, exigiendo el pago bajo la figura de responsabilidad solidaria y subsidiaria.

En el referido concepto la DIAN, grosso modo, recuerda que cerrar la persiana de un negocio, registrar el acta final de liquidación en la Cámara de Comercio y cancelar el RUT no es el punto final de las responsabilidades tributarias si existen impuestos pendientes. Para los empresarios y gerentes, creer que la "desaparición jurídica" de la empresa entierra las contingencias fiscales es un error que puede costarles su patrimonio personal. Si una liquidación se ejecuta sin respetar la prioridad legal de los pasivos tributarios, la DIAN, según el concepto ya reseñado, procurará trasladar el cobro de esas deudas a las cuentas bancarias y bienes de los accionistas y del liquidador, generando contingencias en sus finanzas personales.

El reciente pronunciamiento de la autoridad tributaria refuta el mito de la absolución fiscal por liquidación. Ahora, para proteger su patrimonio personal, debe comprender las siguientes reglas del juego societario y tributario:

·        Las deudas sobreviven a la empresa: La extinción de la persona jurídica (inscripción de la cuenta final de liquidación) y la cancelación del RUT no son formas válidas para extinguir obligaciones fiscales. Los impuestos causados mientras la empresa operó siguen vivos, vigentes y plenamente exigibles.

·        El riesgo directo para el liquidador: Quien actúe como liquidador tiene la obligación ineludible de avisar a la DIAN dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia de la causal de disolución. Si omite este paso, o si al momento de repartir los activos le paga a otros acreedores antes que a la DIAN (desconociendo la prelación de créditos fiscales), responderá solidariamente con su propio bolsillo por los impuestos insolutos.

·        Responsabilidad subsidiaria de los socios: La desaparición de la empresa no deja a la DIAN con las manos vacías. La autoridad está facultada para vincular al proceso de cobro directamente a los socios y accionistas, quienes deberán responder por los impuestos de la sociedad a prorrata de su participación en el capital social.

·        Garantías procesales: La DIAN no tiene un poder ilimitado en el tiempo. Sus acciones de cobro contra liquidadores y socios deben ejecutarse respetando el debido proceso, los derechos de defensa y, crucialmente, dentro de los tiempos de firmeza de las declaraciones y los términos de prescripción de la acción de cobro.

3 Recomendaciones Prácticas:

1.      Notifique a la DIAN a tiempo: Si su empresa entra en causal de disolución, asegúrese de que el representante legal notifique formalmente a la oficina de cobranzas de la DIAN dentro de los 10 días siguientes. Cumplir este simple requisito temporal es el primer escudo para blindar al gerente y al liquidador contra la responsabilidad solidaria inicial.

2.      Respete la prelación de créditos al milímetro: Al momento de liquidar los activos y pagar las deudas del negocio, jamás ponga a proveedores, prestamistas comerciales u otros acreedores ordinarios por encima de los pasivos fiscales. Saltarse este orden legal hace al liquidador directamente responsable de la deuda tributaria frente al Estado.

3.      Audite pasivos ocultos antes del acta final: Antes de someter a aprobación la cuenta final de liquidación ante la asamblea de accionistas, solicite a su equipo contable y legal un estado de cuenta integral ante la DIAN. Identifique declaraciones omitidas, inexactitudes o intereses moratorios no contabilizados que puedan transformarse en un embargo sorpresa para los socios meses después de cerrada la empresa.

Cerrar una empresa debe ser un proceso corporativo estratégico y ordenado, no el inicio de un dolor de cabeza personal. Evite que una mala planificación en la etapa final de su negocio comprometa el patrimonio que tanto le ha costado construir. 

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Pagos indirectos y beneficios extralegales se deben reportar en nomina electrónica. Convenciones colectivas.


La correcta clasificación fiscal de los pagos indirectos, auxilios y beneficios extralegales entregados a sus empleados no es un simple formalismo de nómina, es una variable que impacta directamente la rentabilidad y el flujo de caja de su empresa. Un manejo inadecuado de estos rubros puede resultar en el rechazo de costos y deducciones en su declaración del impuesto sobre la renta, liquidación inexacta de retenciones en la fuente y la exposición a sanciones por reportes defectuosos en la nómina electrónica.

Mediante el Concepto Radicado 2026DP000323395 del 26 de octubre de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) resolvió interrogantes clave sobre el tratamiento de pagos indirectos derivados de convenciones colectivas. La entidad precisó que, si bien algunos auxilios para educación y salud otorgados a la generalidad de los empleados pueden no estar sujetos a retención en la fuente, estos pagos mantienen su naturaleza de ingreso gravado para el trabajador y deben reportarse obligatoriamente en el certificado de ingresos y retenciones (Formato 220). Asimismo, la autoridad tributaria fue categórica al advertir que, para que el empleador pueda tomar estos pagos como deducibles en renta, es un requisito insalvable incluirlos en el documento soporte de pago de nómina electrónica. 

Para garantizar el cumplimiento normativo y blindar fiscalmente su operación, sugerimos a los líderes de equipos tributarios implementar de inmediato las siguientes cinco acciones:

• Audite la aplicabilidad de retención en la fuente en auxilios: Verifique que los pagos indirectos por educación y salud cumplan el requisito estricto de estar dirigidos a la generalidad de los trabajadores y correspondan a programas permanentes de la empresa para no ser tomados como base de retención. Si se pagan como auxilios mensuales sin cumplir estas condiciones, están sujetos a retención. 

• Ajuste la expedición del Formato 220: Asegúrese de que los pagos indirectos, aunque constituyan un logro sindical o un beneficio extralegal no sujeto a retención, se reporten como ingresos gravados (en el renglón de "otros ingresos laborales") dentro del certificado de ingresos y retenciones de sus colaboradores, ya que no son rentas exentas. 

• Integre todos los pagos en especie a la Nómina Electrónica: No confunda los reembolsos de gastos de la empresa con pagos en especie o auxilios para el trabajador. Todo pago indirecto, subsidio o salario integral que busque ser deducible en el impuesto sobre la renta debe estar soportado y transmitido a la DIAN a través del documento electrónico de nómina. 

• Mapee el impacto en aportes parafiscales: Tenga presente que, independientemente de si el pago se gira directamente a una entidad educativa o se entrega como auxilio al empleado, este rubro se considera un ingreso gravado en cabeza del trabajador sobre el cual la empresa debe liquidar los correspondientes aportes parafiscales. 

• Evite el pago a terceros no vinculados sin sustento legal: Controle los pagos en especie realizados a terceros por servicios o bienes destinados al trabajador o a sus familiares (hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad), garantizando que se reporten como ingreso a favor del beneficiario a valor de mercado. 


Cálculo de Dividendos No Gravados: Nuevo concepto de la DIAN favorece la rentabilidad de accionistas

 

La rentabilidad final de los inversionistas y el flujo de caja derivado de la distribución de utilidades acaban de recibir un importante pronunciamiento de las autoridades, pues con la reciente anulación parcial de la doctrina de la DIAN por parte del Consejo de Estado y la consecuente expedición del Concepto 1292 de agosto de 2026, las empresas colombianas ya no tendrán que castigar el cálculo de los dividendos no gravados restando el impuesto adicional derivado de la Tasa de Tributación Depurada (TTD). En términos financieros directos: su empresa ahora tiene la vía libre legal para maximizar el monto de las utilidades que pueden entregarse a los socios como un Ingreso No Constitutivo de Renta ni Ganancia Ocasional (INCRNGO), optimizando la carga tributaria en la cabeza del accionista.

El contexto y la nueva regla de juego Para determinar qué porción de las utilidades se puede entregar a los socios sin que paguen impuestos sobre ellas, el Artículo 49 del Estatuto Tributario exige restar de la renta líquida el "impuesto básico de renta". Hasta hace poco, la DIAN (mediante los Conceptos 006363 de 2023 y 006038 de 2024) había interpretado que este impuesto básico debía incluir también el impuesto a adicionar por la TTD introducida por la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022). Esto, en la práctica, reducía artificialmente la bolsa de dividendos libres de impuestos para los accionistas.

Sin embargo, el Consejo de Estado (Sección Cuarta, Sentencia del 23 de julio de 2026, Rad. 28920) tumbó esta interpretación, obligando a la DIAN a emitir el Concepto 1292 de 2026 para alinear su postura. La regla de derecho ahora es favorable para el empresariado:

·        Beneficio directo para los socios: El impuesto a adicionar derivado de la TTD no puede incorporarse al impuesto básico de renta para efectos de calcular la utilidad máxima susceptible de distribuirse como no gravada. Al restar un impuesto menor en la fórmula del Artículo 49, se libera una mayor cantidad de utilidades no gravadas.

·        La clave operativa en el Formulario 110: La DIAN aclara que el "impuesto básico de renta" equivale exclusivamente al valor registrado en la casilla 91 ("Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables"), la cual consolida el impuesto sobre la renta general y sus puntos adicionales, antes de descuentos.

·        Mitigación de riesgos contables: Queda zanjada la confusión técnica. El "impuesto básico" no es lo mismo que el "impuesto neto", y bajo ninguna circunstancia su equipo contable debe sumarle a la casilla 91 el impacto de la TTD para este cálculo societario.

5 Tips y Recomendaciones Prácticas para su Empresa:

1.     Revise los proyectos de distribución de utilidades: Si su empresa está por celebrar asambleas extraordinarias o planificando el cierre fiscal de 2026, asegúrese de que el cálculo de la reserva y los dividendos INCRNGO se esté realizando bajo esta nueva directriz, excluyendo la TTD de la fórmula del Artículo 49.

2.     Alinee a su equipo financiero y contable: Instruya formalmente a sus contadores y revisores fiscales para que utilicen exclusivamente la Casilla 91 del Formulario 110 como base para determinar el "impuesto básico de renta", sin adiciones innecesarias que perjudiquen a los accionistas.

3.     Audite declaraciones recientes: Evalúe si en distribuciones de utilidades recientes su compañía aplicó la doctrina anterior de la DIAN, castigando los dividendos de los socios. Identifique si existe viabilidad legal y financiera para reestructurar o corregir dichas distribuciones a la luz de la nulidad decretada por el Consejo de Estado.

4.     Documente claramente las actas de asamblea: Asegúrese de que en las actas donde se apruebe el proyecto de distribución de utilidades quede expresamente detallada la fórmula utilizada conforme al Concepto DIAN 1292 de 2026 y la Sentencia del Consejo de Estado, blindando la decisión ante futuras fiscalizaciones.

5.     Gestione la TTD de forma independiente: Comprenda que la Tasa de Tributación Depurada (TTD) sigue siendo una obligación real para la compañía (Parágrafo 6 del Art. 240 E.T.), pero su impacto debe gestionarse financieramente a nivel corporativo, sin trasladar ineficiencias al cálculo de los dividendos de los inversionistas.