Tasas de interés segundo trimestre 2015



01 de abril al 30 de junio
Interés Bancario Corriente
Interés de Mora
Interés Efectivo Anual
19.37%
29.06%
Interés efectivo mensual
1.4864%
2.1487%
Interés efectivo Diario
0,0485%
0.0699%



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Contabilidad y NIIF


En primer lugar recordemos que la contabilidad incorpora un proceso donde predomina la realidad económica sobre la forma jurídica de las transacciones o eventos económicos y cuyo producto final son los estados financieros. las NIIF, dado su interés en determinar los principios para presentar información financiera con parámetros apropiados para garantizar la calidad, credibilidad, comparabilidad y transparencia de la información, no se ocupan de establecer criterios específicos para desarrollar el proceso contable.

Ahora, según la Orientación Técnica 001 – Contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos del CTCP: “Las normas de información financiera son un conjunto de estándares técnicos que establecen los criterios para reconocer, medir, presentar y revelar información financiera en los estados financieros de propósito general de una entidad que se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha”

Es importante tener claro que los nuevos marcos técnicos normativos no regulan el manejo contable sino el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera en los estados financieros de propósito general.

“Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente”

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados.”

“La presentación de información financiera que sea relevante y represente fielmente lo que pretende representar ayuda a los usuarios a tomar decisiones con más confianza.”

Por relación podríamos hacer referencia a la necesidad de incorporar la información en el estado de situación financiera o en el estado (o estados) del resultado del periodo y otro resultado integral (ORI), o en el estado de cambios en el patrimonio, y la manifestación de información en partidas en estos estados o en las notas.


Las NIIF se basan en principios, lo cual significa que establecen unos lineamientos o parámetros generales para reconocer, medir, presentar y revelar información financiera, pero no las reglas específicas para individualizar estos criterios. Uno de los principios básicos de las NIIF: el uso del juicio profesional.


Dice el Consejo Técnico de la Contaduría Pública  en la orientación técnica 01 de diciembre de 2014 que los nuevos marcos teóricos no regulan el manejo contable, sino el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera en los estados financieros de propósito general. 

La referida orientación puede consultarse en esta ruta: http://www.ctcp.gov.co/pubs!.php?document_id=81

¿En tributario prevalece la sustancia sobre la forma? Sí.


De cara a pensar en la prevalencia de la realidad, o sustancia, sobre lo simulado o la forma en materia fiscal como una forma de evitar el abuso en materia tributaria debe tenerse presente que existen múltiples sentencias del Consejo de Estado en pro de reconocer y aplicar esta regla (sustancia sobre forma), así por ejemplo en reciente sentencia (sentencia 17108 de 13/11/14, C.P.  Hugo Fenando bastidas Barcenas)  se expuso:

“(…) se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica (…)El principio de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de la CP, no puede ser ajeno al sistema tributario, máxime cuando éste se funda expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (CP art 363)…” y más adelante “para identificar prácticas abusivas del derecho (…), siempre habrá que, de una parte, consultar los principios que gobiernan el derecho tributario, y de otra, aplicar a cada caso los criterios que ha desarrollado la jurisprudencia para identificar esas prácticas abusivas”, entre los cuales se cuentan unos subjetivos como por ejemplo la falta de interese serio y legitimo en el actuar, la intención de causar daño o la acción culposa o negligente, y otro objetivo consistente en la actuación de manera contraria a la función económico social inherente en las prerrogativas del sujeto.

El Consejo Técnico de la Contaduría Publica se ha expresado en similar sentido al decir que "predomina la realidad económica sobre la forma jurídica de las transacciones" (documento de orientación técnica 01 de diciembre de 2014)

No está por demás recordar  que la DIAN en concepto 54120 de 2013 dijo que no puede confundirse el abuso en materia tributaria con la posibilidad del contribuyente para atenuar el impacto tributario es decir, la planeación tributaria, actitud legitima frente al estado. 

¿Emplear mujeres víctimas de violencia tiene beneficios tributarios? Sí.


Ley 1257 de 2008 dispone en su artículo 23 lo siguiente:

Art. 23.- Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años.  

Este artículo ha sido reglamentado por el Decreto 2733 de 2012, el cual, refiriéndose a los requisitos para la procedencia de la deducción, contempla que los empleadores deberán acreditar la existencia y cumplimiento de los siguientes:

a). Contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia comprobada, acreditando la existencia de la relación laboral dentro del período gravable en que se solicita la deducción;
 b). Copia de la constancia de violencia comprobada, de acuerdo con la definición establecida en el literal b) del artículo 3° del decreto 2733 de 2012;
 c). Comprobante de los pagos efectuados por concepto de salarios y prestaciones sociales cancelados a las trabajadoras víctimas de violencia comprobada, durante el período gravable en el cual se solicita la deducción;
 d). Certificación expedida por el operador de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes en la que consten las cotizaciones, aportes y bases, relativas a las trabajadoras a que se refiere el presente decreto;
 e). Copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o el documento que haga sus veces, relacionada con los pagos realizados desde la vinculación laboral que da lugar al beneficio y durante el respectivo año gravable, mediante la cual se prueben los pagos periódicos de los salarios y aportes que dan lugar a la deducción en el periodo gravable correspondiente;
f). Acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 108 del Estatuto Tributario y los demás requisitos para la procedibilidad de las deducciones.

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¿Cambio de tarifa de un impuesto puede aplicarse en el mismo periodo?


Indudablemente una disminución en la tarifa de un impuesto encaja en la categoría de beneficio tributario, y surge la pregunta ¿ese cambio de tarifa puede realizarse en el mismo periodo en el cual se realiza el cambio? Y la respuesta es sí, pueden encontrarse sentencias de las altas cortes que avalan tal posibilidad. Citamos como ejemplo las sentencias C-430 de 2009 y C-686/11. Esta última, ante un cambio de tarifa en un impuesto, contemplo:

“Esta posición jurisprudencial resulta justa y equitativa para el contribuyente, en la medida que la prohibición señalada por el artículo 338 constitucional relativa a impuestos de periodo, solo tendrá aplicación cuando se trate de la imposición de un tributo o de la modificación de uno existente en cuanto sea gravoso para el contribuyente, excluyendo de ella la aplicación de beneficios, los cuales tendrán un efecto inmediato.
 “Así, por ejemplo, si respecto del impuesto sobre la renta que se causa teniendo en cuenta el resultado económico del contribuyente en el año calendario que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre, se ordena la reducción de la tarifa en el mes de noviembre de ese periodo, tal reducción podrá ser aplicada de inmediato cubriendo los hechos económicos de los meses anteriores, en la medida que los hechos generadores del tributo solo se consolidan hasta el mes de diciembre de ese año”.
Dos anotaciones adicionales:

-      La anterior sentencia aplica para tanto en impuestos nacionales como territoriales.

-      Hay que observar, en todo caso, el texto de la norma que introduce la disminución de tarifa para verificar que dispone sobre su vigencia, y todo esto dentro del margen de configuración normativa que tiene el creador de la misma. 

¿Abogado puede recibir más dinero que su cliente en un proceso?


La respuesta categórica es NO. Como argumento, en primer lugar, debemos recordar que según el artículo 28  de la ley 1123 de 2007, es deber profesional del abogado:

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado (…)

Luego, refiriéndose a las faltas en particular, en la referida ley se lee:

ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente.


Ahora, en la suma a comparar, entre lo que recibe el cliente y lo que recibe el abogado, ¿debe tenerse en cuenta el IVA cuando el profesional del derecho pertenece al régimen común? Y para responder a este interrogante debemos advertir que la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 22 de enero de 2014, exp. 2011 – 00093. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, expresó: “es claro que el abogado imputó a la cuenta de sus mandantes el IVA del 16% el cual canceló a la DIAN, por concepto de sus honorarios, carga impositiva la cual evidentemente hizo que el abogado finalmente recibiera más dinero que su cliente y si bien es cierto el mismo fue pactado dentro del contrato, no se podía realizar de esa forma el descuento pues los abogados no pueden obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente, lo cual evidentemente ocurrió en este caso, pues el disciplinado debía realizar los cálculos de tal forma que a su cliente le correspondiera mínimo la participación del 50% del valor recaudado(…)”. 

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La subcapitalización es avalada por la Corte Constitucional.


A través de la sentencia C- 665 de 10 de septiembre de 2014, la Corte Constitucional confirmó que las reglas de subcapitalización y limite tributario a la deducibilidad de los intereses pagados es respetuoso de la Constitución Política de Colombia.

A continuación apartes destacables de la referida sentencia:

“ La financiación con recursos propios o ajenos, y por ende, la subcapitalización, tienen notable influjo en materia tributaria, porque el origen de los recursos incide de manera distinta en la carga  que debe soportar tanto el sujeto financiado, como el que lo financia. (…) a diferencia de los dividendos, los intereses son gastos deducibles.
“En este orden de ideas, los intereses, por ser considerador gastos de explotación, disminuyen el beneficio gravable del deudor y , los dividendos, contrariamente, no tienen para quien los genera la condición de gasto deducible y , por ello, forman parte de la base imponible, situación que, de manera general, permite advertir que sería más deseable acudir a la financiación mediante recursos provenientes del crédito.

“La deducibilidad de los intereses puede actuar como motivante de un endeudamiento excesivo acompañado de una considerable disminución del capital propio, caso en el cual, para efectos tributario, se podrá hablar de la subcapitalización como maniobra elusiva destinada a recudir la carga fiscal por vía de la financiación con recursos ajenos que, con la anotada finalidad, superan desproporcionadamente a los propios.

(…) la fijación de un límite que impide deducir los gastos por intereses cuando es traspasado su tope máximo tiene un claro fundamento en razones de eficiencia en el recaudo tributario orientadas a evitar prácticas evasivas o abuso y según la perspectiva desde la que se aprecie, también puede obrar como un estímulo o desestimulo de ciertas actividades o prácticas en el ámbito económico.


(…) aun cuando no existe en la Constitución un límite referente a la financiación de empresas y que, por lo tanto, es posible, en principio, recurrir al endeudamiento hasta el tope que se considere adecuado, no es menos cierto que pueden ser establecidas restricciones en el ejercicio de las facultades de intervención y mediante la ley, con finalidades que sean razonables y ajustadas a la preceptiva superior.  

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La base gravable del Impuesto a la riqueza no es fija, puede variar en periodos posteriores


Este impuesto, que reproduce la estructura y elementos del que conocimos en periodos pasados como Impuesto al patrimonio, recae (hecho generador) sobre las personas que posean al 1° de enero de 2015 un patrimonio líquido cuyo valor sea igual o superior a mil millones de pesos ($ 1.000.000.000). A este impuesto están sometidos (sujetos pasivos) las personas naturales y jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Y si bien la foto de la base gravable, el patrimonio liquido, se tomó el 01 de enero de 2015, la misma puede variar en los años siguientes, así:


El parágrafo 4 del articulo 295 – 2 establece un Limite a la base gravable y toma como referencia la del 2015
Si base gravable en periodos siguientes es
Se toma por base del impuesto:
Superior  a la del 2015 (a)
Base de 2015 +  ((IPC año
anterior * 25%)*  base 2015)
(b)
La menor entre (a) y (b)
Inferior  a la del 2015
(c)
Base de 2015 ((IPC año
anterior * 25%) * base 2015)
(d)


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La mayor entre (d) y (c)

¿Por qué El Estado es vencido en los conflictos contractuales?


Acabó de expedirse una interesante circular externa que tiene por numero y fecha, 09 de 11 de marzo de 2015, en la cual La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, realiza un diagnostico de la razón la cual el Estado, en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, es vencido en juicio por conflictos contractuales y las razones, que encuentra esta entidad son las siguientes:

1. Desatención de previsiones contractuales expresas. Las entidades estatales en reiteradas oportunidades se han abstenido de, o se han negado a, cumplir las estipulaciones de sus contratos, sin una razón que ante la jurisdicción justifique su comportamiento y las exima de toda responsabilidad.

    2. Interpretación incorrecta de las cláusulas contractuales. El incumplimiento del contrato estatal se deriva, en otros casos, de confusiones en el entendimiento de sus estipulaciones, por la falta de claridad y precisión de estas o por la falta de correspondencia entre ellas mismas o entre ellas y el texto de los demás documentos que conforman el contrato o a los que este se remite expresa o tácitamente.

   3.  Violación del principio de planeación en la etapa previa a la celebración del contrato. El incumplimiento de los contratos estatales también se origina en la ausencia o deficiencia de los estudios y análisis previos que deben preceder la estructuración y celebración de aquéllos.


Las anteriores razones expresadas en el ámbito de la contratación de las entidades publicas, también aplica en las entidades privadas. 

El texto de la citada circular puede consultarse siguiendo esta dirección WEB: 

Contribución Especial Arbitral

La Contribución Especial Arbitral, nuevo tributo creado por la Ley 1743 de 2014, y hasta ahora reglamentado parcialmente por el Decreto 272 de 2015, crea nuevas obligaciones formales y sustanciales a cargo de los centros de arbitraje y los presidentes de los tribunales de arbitramento; a estos últimos los convierte en “Agentes de retención” de este tributo.

A continuación encuentran los Elementos de la Obligación Tributaria, tal como están consagrados en el texto de la ley.




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REPARAR el bien con fallas es una de las opciones del productor o vendedor


Cuando se presenta  por primera vez una falla en un bien o producto, y estando dentro de los términos de garantía, es DERECHO  del productor o vendedor proceder a la reparación del bien y solo por los defectos que originan la falla, ahora, si presentada la falla el bien no admite reparación, se procederá a su cambio o a la devolución del dinero, todo esto de conformidad con la ley 1480 de 2011, y el decreto 735 de 2013.

No está por demás recordar que la “Garantía” es una obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas.

En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado.

La garantía y su ejercicio no generan contraprestación adicional al precio del producto.


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Normalización Tributaria e Impuesto sobre la Renta‏


La ley 1739 de 2014, última reforma tributaria, consagra la posibilidad de “regularizar su situación fiscal” para aquellos contribuyentes que han omitido incluir activos en sus denuncios rentísticos o han incorporado en ellos pasivos inexistentes, la referida contrición se cumplirá a través de la presentación de una declaración del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria  y un pago por una sola vez a título del mismo tributo.
Ahora, por “activo omitido” se entiende aquella representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros, y que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación de hacerlo. Así, pues el activo EXISTE, es actual, pero no se ha denunciado en las declaraciones de impuesto.
Por otro lado, por “pasivo inexistente” se entiende aquella representación financiera de una obligación del ente económico, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes, el cual es declarado tributariamente con el “único” fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente, pero en realidad ese pasivo no es presente, ni se deriva de eventos pasados del entre económico.
Este nuevo impuesto modifica temporalmente, por los años 2015, 2016 y 2017, el tratamiento fiscal que para los activos omitidos y los pasivos inexistes establece el párrafo primero del artículo 239-1 del Estatuto Tributario, así pues, en las declaraciones por los años antes indicados, el acto de “sinceridad” del contribuyente no le generará renta líquida gravable en renta, sino que constituirá base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria.  No obstante lo anterior debe advertirse que los formularios de declaración del impuesto sobre la renta para el año 2015, prescritos por la Resolución 000263 del  29 de diciembre de 2014, aun consagran en los renglones 63, para el formulario 110, y 65, para el formulario 210, bajo el concepto “Rentas Gravables”, la instrucción de incorporar el valor de los activos omitidos y de los pasivos inexistentes.
De la “normalización tributaria” prevista en la ley 1739 de 2014, resaltamos además: 1) que solo podrán usarla aquellos contribuyentes que obligatoria o voluntariamente sean sujetos pasivos del Impuesto a la Riqueza; 2) que el uso de la normalización tributaria solo tiene efectos en materia fiscal, y de ninguna manera involucra la legalización de los activos cuyo origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indirectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo; 3) los activos omitidos objeto de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre la renta y CREE del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria (impuesto a la riqueza) y de los años siguientes cuando haya lugar a ello y dejarán de considerarse activos omitidos; 4) los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria integrarán la base gravable del impuesto a la riqueza del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes (no de los anteriores, art. 39 ley 1739/14) cuando haya lugar a ello; 5) la base gravable (valor patrimonial) de los bienes que son objetos del impuesto complementario de normalización tributaria será considerada como el precio de adquisición de dichos bienes para efectos d determinar su costo fiscal; 6) la ley 1739 de 2014 prevé que, a partir del año 2018, la sanción de inexactitud, cuando en virtud de acciones de fiscalización la DIAN detecta el pasivo inexistente o el activo omitido, será del 200% del mayor valor del impuesto de renta determinado a cargo del contribuyente; 7)la norma no exige un acto de “sinceridad total” del contribuyente, de suerte que éste podría, informar parcialmente activos omitidos o pasivos inexistentes; 8) El impuesto de normalización tributaria contemplado en la ley 1739 de 2014 no distingue si los activos omitidos o pasivos inexistentes a ser cubiertos por la normalización tributaria son solo aquellos originados en periodos no revisables, situación a la que sí hace expresa referencia el párrafo  primero del artículo 239- 1 del Estatuto Tributario

¿Cuáles son los acuerdos contrarios a la libre competencia?


En primer lugar recordemos el concepto de libre competencia que ha decantado la Corte Constitucional. Dice esta entidad que “la libre competencia consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones y comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros. Para garantizar la libre competencia, el Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso de la posición dominante o la creación de monopolios”. (Sentencia C-197/12, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB)

De acuerdo con el decreto 2153 de 1992 hay objeto ilícito (sancionable) en todo contrato, convenio, concertación, practica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas cundo tengan por objeto o  como efecto restringir la competencia en los mercados.

No esta demás recordar que la libre competencia facilita, estimula y permite al consumidor escoger entre diversas cantidades y calidades de productos y servicios, y a los empresarios, aumentar su eficiencia (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia 68001310300820070020901, 10/13/2011, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez )

Los convenios que atentan contra la competencia, están establecidos en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992, así:

 ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.
2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros.
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores entre productores o entre distribuidores.
4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro.
5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos.
6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos.
7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.
8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar su niveles de producción.
9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas.

10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.

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Bonificaciones o auxilios deducibles en Declaración de Renta

Continuación trascribo apartes de una interesante concepto de la DIAN, donde esta entidad acepta la deducibilidad de las bonificaciones o auxilios pagados a empleados desde que se cumplan requisitos establecidos en la ley .

OFICIO Nº 002334
30-01-2015
DIAN

(…)  
 La necesidad de un gasto no está determinada por su obligatoriedad o habitualidad sino, como ya dijimos, por el hecho de ser una erogación vinculada a la producción de la renta que normalmente se acostumbra en el desarrollo de la respectiva actividad económica. Erogación normalmente acostumbrada no significa que tiene que pagarse en forma obligatoria o regular, sino que es normal dentro de la práctica comercial efectuarla, así sea discrecional y ocasionalmente.
 El que las bonificaciones o auxilios se paguen o no habitualmente a los trabajadores no niega que es normal, de acuerdo a la costumbre comercial y laboral, realizar este tipo de reconocimientos. De hecho, los incentivos ocasionales son cada vez más frecuentes al amparo de las normas sobre flexibilidad salarial que autorizan a las partes vinculadas mediante contrato de trabajo para decidir que ciertos beneficios no constituyen salario y, por ende, no se incluyen como factor para efectos de liquidar prestaciones sociales. Así lo reconoce la legislación tributaria, concretamente el artículo 87-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 788 de 2002, cuando dispone que los contribuyentes no pueden solicitar como costo o deducción, los pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales.
 Por lo anteriormente expuesto este Despacho considera que en el caso de pagos laborales relativos a bonificaciones o auxilios, son deducibles en el impuesto de Renta y Complementarios, siempre que tales bonificaciones sean reconocidas a empleados que participan en actividades vinculadas a la producción de la renta de la empresa, de acuerdo a criterios generales y objetivos para su reconocimiento, y siempre y cuando sobre las mismas se haya efectuado la respectiva retención en la fuente por concepto de ingresos laborales en cabeza del beneficiario.
 (…)
YUMER YOEL AGUILAR VARGAS

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina

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