Límite a deducibilidad del pago en efectivo de 100 UVT, Sentencia del Consejo de Estado.

Nos formulan preguntas como estas: en materia del limite al pago en efectivo, ¿se evalúa por pago individual o acumulado del año? ¿se analiza a quien paga o a quien recibe?

El parágrafo 2 del artículo 771-5 del Estatuto Tributario refiriéndose a la manera de hacer pagos con efectos tributarios dispone que “En todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las personas naturales que perciban rentas no laborales de acuerdo a lo dispuesto en este Estatuto, que superen las 100 deberán canalizarse a través de los medios financieros, so pena de su desconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las rentas no laborales” (subrayas y nefrita fuera de texto)

Sobre este tema vale la pena tener presente la DIAN en oficios como el 019439 del 27 de julio de 2018, y 2729 de 2019 ha expresado que el limite de los 100UVT debe evaluarse atendiendo a lo pagado durante un año a un mismo beneficiario. No obstante lo anterior

El Consejo de Estado (C. de E.) en sentencia que lleva por numero 26676 del 19 de julio de 2023, C.P. Milton Chaves García, refiriéndose a pronunciamientos previos de la DIAN dijo que “(…) resulta claro que al fijarse un tope de 100 UVT para pagos en efectivo, la ley buscaba limitar el valor de transacciones, independientemente de si beneficiaban o no a un mismo destinatario. Entonces el carácter “individual” al que alude la norma se refiere a una transacción particular, y no al individuo que percibe el pago, como lo entiende la administración en los oficios demandados”.

Y más adelante el consejo de Estado expresó que “cabe mencionar que la cuantía del mismo (100 UVT) resulta lo suficientemente bajo como para desestimular el fraccionamiento de los pagos a un mismo sujeto, por lo que tomar el limite indicado como relativo a la transacción individual y no al sujeto beneficiado no se opone al objetivo declarado de la norma de estimular la bancarización de los contribuyentes como medio para facilitar las labores de investigación de la administración tributaria”.

Así pues la limitación de pagos en efectivo a los que alude el parágrafo 2 del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, (100 U.V.T.) debe valorarse operación por operación.

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Phantom stock Plan (plan de acciones fantasma) aplicación en Colombia

Según el Diccionario de términos de negocios Barron´s  Phantom stock Plan significa: Deferred- compensation plan that uses the employer´s stock as a measuring rod for determining the value of the compensation payment (Plan de compensación diferida que utiliza las acciones del empleador como vara de medir para determinar el valor del pago de la compensación)


Ahora, si bien al día de hoy no existe una definición legal o concepto de la Superintendencia de Sociedades que se refiera al término “acciones fantasma” es posible utilizar la flexibilidad del derecho societario colombiano, en particular de las SAS, para estructurar este tipo de planes y si se quiere estar ajustado a la Definición anglosajona del término, “phantom Stock Plan” con este tipo de figuras las acciones o participaciones fantasma deben ser entendidas como una una manera de beneficiar o fidelizar a los mejores directivos o profesionales SIN hacerlos socios ya que en consideración al valor de las acciones de la sociedad empleadora se determinan beneficios económicos como salarios o pagos por mera liberalidad sin que los destinatarios se conviertan en accionistas de la sociedad, Reiteramos que este es el sentido puro del concepto, pero nada limita que en Colombia se creen reglas especiales en cada sociedad.

Así pues, este es un plan de estímulo económico destinado a las personas que tienen significativos aportes a la sociedad y puede cobijar a altos directivos de la sociedad, trabajadores o terceros. Algo importante es determinar el momento y la manera de determinar el incremento de valor de las acciones del empleador, como por ejemplo, al momento de una venta de sus acciones, al cierre del periodo contable, etc.  

Consejo: dejar este plan detallado, por escrito

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P.O.S. o factura electrónica, ¿En qué momento debe definirlo el cliente?

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria) El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar; salvo que el adquiriente del bien y/o servicio exija la expedición de la factura de venta, caso en el cual se deberá expedir factura electrónica de venta.

No esta por demás recordar que según el articulo 1.6.1.4.1 del Decreto 1625 la expedición de la factura de venta y/o del documento equivalente, comprende su generación, así como la transmisión y validación para el caso de la factura electrónica de venta; la expedición se cumple con la entrega de la factura de venta y/o del documento equivalente al adquiriente.

Ahora, en los términos del concepto unificado 106 del 19 de agosto de 2022, “Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación” y mas adelante continua así: “el facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio. En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente. Por su parte, es obligación del adquiriente solicitar la factura electrónica de venta en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio al sujeto obligado a facturar con el fin de soportar los costos, deducciones o impuestos descontables, sin que dicho derecho a exigir la respectiva factura se extienda en un plazo mayor al momento de realizarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios”

En nuestro sentir es muy importante la conclusión a la que llega la DIAN en el concepto unificado 0106 y la cual expresa así: “en el evento en que el adquiriente realice una operación de compra de bienes y al momento de realizar dicha operación omita exigir la factura electrónica de venta al facturador electrónico y este expida debidamente el correspondiente tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., no está previsto que el sujeto obligado a facturar pueda anular el mencionado documento equivalente para expedir una factura electrónica de venta, pues éste fue expedido con el lleno de los requisitos legales como respaldo de una operación de venta de bienes efectivamente realizada”. (negrita y subrayas fuera de texto)

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Beneficiarios Finales de Personas jurídicas, ¿Qué es?

De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 631-5 del Estatuto Tributario (E.T.), el término beneficiario final aplica a la Persona Natural beneficiario (favorecida) efectivo o real de operaciones económicas o controlante de una  sociedad. De acuerdo con la DIAN, siguiendo los parámetros del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), “El concepto de beneficiario final se refiere a las personas naturales que son los verdaderos dueños o controlantes o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc”.

Ahora, en cuanto a las finalidades de este régimen las autoridades expresan que son de identificación y/o disuasión de las Personas Naturales frente a practicas ilegales como evasión fiscal, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Entonces surge la pregunta, en Colombia, ¿Quiénes son beneficiarios finales (efectivos o reales) de las personas jurídicas (sociedades comerciales)?

El artículo 631-5 del E.T. identifica 3 criterios para establecer el beneficiario final, así:

1. La persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica; y

2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo; o

3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales anteriores, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.

Ahora, en la resolución 164 de 2021 se dispone, en el artículo 4 que están obligadas a suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales las sociedades y entidades nacionales con o sin animo de lucro de conformidad con lo establecido en el artículo 12 – 1- del E.T., incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren inscritas o listadas en una o más bolsas de valores.

En cuanto a la información que los obligados a diligenciar el registro de beneficiarios finales deben suministrar se encuentra: nombres y apellidos de los beneficiarios, tipo de identificación y número de identificación, NIT del beneficiario, país de nacionalidad, país de residencia, ciudad, dirección y correo electrónico del beneficiario, criterio de determinación del beneficiario final, % de participación en el capital de la personería jurídica, % de beneficio en los rendimientos, resultados o utilidades de la persona jurídica, fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiario final o existe tal condición, fecha desde la cual dejar de tener la calidad de beneficiario final o de existir la condición.

No está por demás reiterar que según Conceptos de la DIAN y la resolucion164, si se cumplen los requisitos previstos en las normas, en las sociedades puede existir un numero plural de beneficiarios

¿Cómo se suministra la información de beneficiarios finales?

El suministro de la información se debe realizar a través del sistema electrónico del Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB de la DIAN, y la información suministraba debe actualizarse ante cualquier modificación de la misma y ello se hace también de manera electrónica si al primer día de enero, abril, julio y octubre de cada año hubo modificaciones respecto de la información suministrada y lo cual deberá cumplirse dentro del mes siguiente al mes de verificación.

Oportunidad de suministro información en el Registro Único de Beneficiarios Finales.

De acuerdo con la Resolución 1240 del 28 de septiembre de 2022 el suministro inicial de la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales debe efectuarse a mas tardar el 31 de julio de 2023 para las entidades que existan al 31 de mayo de 2023 y para las creadas a partir del 01 de junio de 2023 deberán hacerlo dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción en el RUT


¡Saciedades disueltas y en liquidación debe hacer el reporte?

Sí, además es un requisito para su cancelación en el RUT, Concepto DIAN 819 [006960] del 25-09-2024 

Sanciones ante incumplimiento de la obligación de suministrar información

Cuando el obligado a suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios finales no la suministrare, la suministre de manera errónea o incompleta, y/o no la actualícese, será sancionado según lo previsto en el articulo 658-3 del Estatuto Tributario, pero si la información de beneficiarios finales es solicitada por la DIAN y no es suministrada o no se atiende el plazo para ello o el contenido presenta errores o no corresponde a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 651 del E.T.

Ahora, si bien la información sobre los beneficiarios finales tiene carácter reservado puede ser compartida con entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control o que ejerzan actividades tendientes al combatir el soborno, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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