¿Contratante puede (debe) revisar IBC reportado por el contratista?

El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que “para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que se expida por el Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener cuando ésta proceda”

Sobre este punto es importante tener presente que el Consejo de Estado en sentencia de lleva por número de radicación: 25000-23-37-000-2016-00983-01(23756) del 9/09/ 2020. C.P. Milton Chaves García luego de advertir que ni el articulo 108 ni el artículo 23 del decreto 1703 de 2002 prevén “ninguna consecuencia relacionada con el impuesto sobre la renta” y que las referidas normas no hacen “ninguna alusión a la facultad de la Administración tributaria para desconocer deducciones de la renta de los contribuyentes” dijo que “Para esta Corporación, permitir a los contratantes que pidan explicaciones [al contratista] y califiquen su validez implica que ejerzan funciones de fiscalización que deben estar asignadas expresamente en la Ley porque podrían afectar la intimidad de los contratistas”.

En la referida sentencia el Consejo de Estado expone que el parágrafo 2 del artículo 108 aún no ha sido reglamentado y expresamente dijo: “Debe haber claridad sobre el alcance de dicha verificación, porque como se indicó anteriormente, si bien ello implica constatar que el contratista esté afiliado y que paga sus aportes al régimen de seguridad social, no se indica expresamente qué debe hacer en caso de que considere que el contratista incumple con sus contribuciones” y más adelante “Esto significa que solo a partir de la expedición de dicho reglamento, que fije la forma como los contratantes deben de realizar la verificación de aportes a la seguridad social de los contratistas, es que resulta exigible esta condición para la deducción de los pagos hechos a trabajadores independientes.” (negrita y subrayas fuera de texto)

¿Qué puede hacer el contratante si considera que hay inconsistentes en los pagos de parte de los contratantes?

Si considera que hay alguna diferencia, debe informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP que es actualmente la entidad estatal competente para realizar la fiscalización de estas contribuciones. Pero no puede, con fundamento en el artículo 108 del E.T. ni en el artículo 23 del decreto 1703 de 2002 pedir explicaciones al contratista si considera que el pago es incompleto, ni solicitar, sin autorización legal, documentos privados como son las planillas de liquidación de aportes

El decreto 1070 de 2013, ¿cambia las cosas?
 

Yo como lo advertimos, según la sentencia es necesaria la reglamentación del artículo 108 para fijar los términos en que los contratantes deben realizar la verificación de afiliación y pago de aportes señalada en la ley, y ello no se “fija” o “determina” en el articulo 3 del decreto 1070 de 2013, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 3°. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.

Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la materia.

Algo claro en la sentencia es que es la Ley la que debe establecer las consecuencias en caso de incumplimiento de los deberes del contratante y no puede la Administración imponer sanciones ni consecuencias tributarias desfavorables que no estén previstas en la Ley, pues tanto en las sanciones como en los tributos rige el principio de legalidad.

 

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Pago en plazos justos, empresa grande puede dar mayor plazo para que las Mipymes paguen

La Corte Constitucional en una sentencia que lleva por numero C-258 del 12 de julio de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera, dijo frente al artículo 3 de la ley 2024 que "(c) la no exención de los plazos de pago a las MiPymes que ocupan la posición de deudoras frente a una gran empresa carece de un principio de razón suficiente y contraría la finalidad perseguida por el legislador al consagrar dicho beneficio; finalmente, (d) dicha exclusión genera una desigualdad negativa para las MiPymes, al impedirles pactar plazos más favorables con las grandes empresas en desarrollo de sus operaciones mercantiles".

En consideración de lo anterior la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLES los artículos 3, 7 y 1 O de la Ley 2024 en el entendido que se encuentran exentos de la aplicación de los plazos previstos en el inciso primero del artículo 3, los casos en los cuales los comerciantes y quienes sin tener la calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, en particular, las micro, pequeñas y medianas empresas, que actúan como deudoras de grandes empresas y pactan términos más favorables para el pago de las obligaciones derivadas de sus operaciones mercantiles.

Este pronunciamiento de la Corte de paso corrige una interpretación errónea que en su momento sostuvo el Ministerio de Comercio en documento que lleva por radicado 2-2021-005889 y firmado por la JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA.

En todo caso del referido concepto del Ministerio de Comercio rescatamos la siguiente respuesta :

“C.- ¿En los contratos de suministro aplica el límite temporal para el pago de las facturas en favor de las MIPYMES proveedoras en los términos de la ley 2024 de 2020?”

Respuesta.

El numeral 2 del inciso 2 del artículo 2 de la Ley 2024 de 2020 señala que se excluyen del ámbito de aplicación de la ley “el contrato de mutuo y otros contratos típicos o atípicos donde los plazos diferidos sean propios de la esencia del contrato respectivo.”

De conformidad con la norma anteriormente transcrita para efectos que los contratos típicos o atípicos se excluyan del ámbito de aplicación de la ley, es necesario que los plazos diferidos sean propios de la esencia del respectivo contrato. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1501 de Código Civil se entiende por elementos esenciales del contrato “aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente…”.

Así las cosas, solamente en aquellos contratos en los cuales el plazo diferido sea propio de los mismos, es decir que, la ausencia de este elemento conlleve a que se configure otra clase de contrato, no será obligatorio para quienes realicen operaciones mercantiles realizar los pagos dentro de los plazos máximos de 60 y 45 días calendario contemplados en el artículo 3 de la Ley 2024 de 2020. En consecuencia el contrato de suministro no esta exceptuado en los términos de la ley consultada.

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Los invitamos a leer Pago en plazos justos, ley 2024 de 2020 y D. 1733. Consejo: contratos por escrito.

Los invitamos a leer Micro, pequeña y mediana empresa según monto de las ventas. Un efecto

Avalúo catastral e impuesto predial

De acuerdo con el decreto 148 de 2020 el avalúo catastral es el valor de un predio, resultante de un ejercicio técnico que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción. Este porcentaje de avalúo catastral en función del valor comercial de los inmuebles está vigente desde la ley 1450 de 2011, art, 24.

Ahora, ¿Cuál es la relación entre avalúo catastral e impuesto predial?

De acuerdo con el artículo 3 de la ley 44 de 1990 la base gravable del Impuesto Predial Unificado (impuesto municipal) es el avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado.

No esta por demás recordar que, según el decreto 148/2020, el Avalúo comercial es el precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción.

Es importante tener presente que la información que reposa en las oficinas de catastro debe reflejar la siguiente información:

a) Información física: Corresponde a la representación geométrica, la identificación de la cabida, los linderos y las construcciones un inmueble. La identificación física no implica necesariamente el reconocimiento de los linderos del predio in situ.

b)      Información jurídica: Identificación de la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo de derecho, sea el propietario, el poseedor u ocupante, con el inmueble. Esta calificación no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad.

c) Información económica: corresponde al valor o avalúo catastral del inmueble. El avalúo catastral deberá guardar relación con los valores de mercado.

Tres (3) tips finales:

1.- Los avalúos catastrales entrarán en vigencia para efectos fiscales a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que fueron estimados o calculados.

2.- el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso. (ley 44 de 1990)

3.- El valor de los avalúos catastrales, se ajusta anualmente a partir del 1 de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del año anterior, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El porcentaje de incremento no será inferior al 70% ni superior al 100% del incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el período comprendido entre el 1 de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior

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Lo invitamos a leer Planeación Tributaria: objetivos.