Si no cobra IVA o IMPOCONSUMO podría ir a la cárcel.


La reciente reforma tributaria, ley 1819 de 2016, modifico el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, no solamente aumentando el tiempo de prisión sino también haciendo más amplio este tipo penal.

Miren las partes en color amarillo:

Artículo 339°. Modifíquese el artículo 402 de la ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ARTICULO 402. OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. El agente retenedor o autoretendor que no consigne las sumas retenidas o autoretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas  o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT.

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguiente a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.

El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado a ello, incurrirá en la misma penal prevista en este artículo.

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.


PARÁGRAFO. El agente retenedor o autoretenedor, responsable del impuesto a la ventas, el impuesto nacional al consumo o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.

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¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor –IPC? ¿Que es el IPP?

¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor –IPC?

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores.

En 2017, la variación del Indice de Precios al Consumidor fue de 4,09%, es decir que aumentaron su precio en comparación con el precio del año anterior.

En 2016, la variación del Índice de Precios al Consumidor fue de 5,75 %, es decir que aumentaron su precio en comparación con el precio del año anterior.

Estas cifras pueden consultarse en DANE IPC 2016

¿Qué es el Índice de Precios al Productor (IPP)

Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional e incluye aquellos que se producen en el país sin importar que el destino sea consumo interno o exportación, abarcando el sector agropecuario, silvícola y pesca, el sector secundario o industrial y el sector minero, sin contener el sector servicios. Este indicador inicialmente estuvo a cargo del Banco de la República y desde el año 2007 es elaborado por el DANE.

En 2016, la variación del Índice de Precios del Productor de la Producción Nacional fue 2,16 %. En 2015 había sido 5,48 %.

Para leer el impacto del IPC en los contratos de arrendamiento te invitamos a leer este articulo: Incremento de canon de vivienda urbana

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Salas amigas de la familia lactante y aumento de licencia de maternidad.


La ley 1823 del 4 de enero de 2017 establece que las entidades privadas que tengan un CAPITAL igual a superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (para 2017 = $1.106.575.500) o más de 50 empleadas deberán adecuar en sus instalaciones un espacio para que las mujeres puedan extraer leche materna asegurando su conservación durante la jornada laboral y cumpliendo normas técnicas de seguridad, para luego poder transportarla al hogar  y disponer de ella para alimentar al bebe en ausencia temporal de la madre.

La ley establece que las entidades privadas con más de 1.000 empleados y las entidades públicas dispondrán de dos (2) años para realizar las adecuaciones físicas necesarias, mientras que las empresas privadas con menos de mil (1.000) empleados, contarán con cinco (5) años para realizar las adecuaciones físicas necesarias para cumplir con la ley.

El Ministerio de Protección Social es el encargado de vigilar el cumplimiento de esta norma y dentro de los 6 meses siguientes deberá expedir las reglamentaciones a que haya lugar.

Por otra parte la ley 1822 del 04 de enero de 2017 amplió la licencia de maternidad a 18 semanas, de las cuales, por lo menos una (1) debe ser disfrutada antes de la fecha probable de parto. De esta norma resaltados dos (2) situaciones:
1.- el numeral 4 del artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo contempla la posibilidad de una compensación en dinero de las semanas de licencia de maternidad no disfrutadas.

2.- la prohibición de despido y presunción de despido por embarazo o lactancia cubre, según la ley, los tres (3) meses posteriores al parto.

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