¿Los conceptos de la DIAN deben respetar la ley? Sí

En la sentencia número 19566 del 16 de diciembre de 2014,  el Consejo de Estado, sección cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, anuló un par de conceptos emitidos por la DIAN porque violaban la ley, dijo la corporación “(…) a la luz del artículo 30 del C.C. , la Sala estima que las respuestas de los oficios demandados se apartan de los parámetros de legalidad en cuanto extralimitaron las funciones interpretativas que le corresponden a la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de la DIAN, (…)”.

No está por demás recordar que los interpretes de la normas, sean estos jueces, particulares, o la propia administración, deben atender las reglas  interpretativas establecidas en la Constitución Política y en la ley, teniendo siempre presente que el propósito de la interpretación es determinar el “significado” de las palabras y el sentido de las normas en un contexto determinado (Sentencia C-714, 10/7/2009, M.P. María Victoria Calle Correa), y que “La legislación tributaria no puede interpretarse literalmente”, tal como lo ha expresado el Consejo de Estado, sala contenciosas, sección 4, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia 17108 de 13 de noviembre de 2014.


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La información que debe suministrarse a los clientes

La información que debe suministrarse a los clientes.

La ley 1480 de 2011 contiene el actual estatuto del consumidor, y de su contenido se concluye que en la INFORMACIÓN reside la mejor herramienta para proteger, promover y garantizar los intereses económicos de los consumidores (clientes) y su libertad de decisión de consumo.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua informar es enterar, dar noticia de algo, lo que en materia de consumo equivaldría a enterar al cliente (consumidor) de los pormenores que rodean el bien o el servicio que está adquiriendo, o como lo dice al artículo 5 de la referida ley, informar es dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización.

La obligación de informar (obligación de resultado), en los términos del artículo 23 de la ley 1480 de 2011 que recae sobre productores  y proveedores, comprende, como mínimo, las siguientes actividades:

1.- Informar  de manera clara o transparente, es decir inteligible, fácil de comprender

2.- informar con veracidad, es decir, profesar siempre la verdad sin mentiras.

3.- informar de manera completa o suficiente, es decir, bastante.

4.- informar de manera oportuna, es decir, en el momento preciso y mejor,  pronto en la negociación.  

5.- suministrar información verificable, es decir, que se pueda comprobar su verdad y examinar el método por el que se ha alcanzado.

6.- suministrar información comprensible, es decir, que se pueda entender.

7.- suministrar información precisa, es decir, exacta, cierta y determinada

8.- suministrar información idónea, es decir, adecuada y apropiada para proteger, promover y garantizar los intereses económicos de los consumidores (clientes) y su libertad de decisión de consumo.

Vale la pena resaltar que el vendedor del producto o servicio debe informar sobre las garantías que asisten al consumidor o usuario y la forma de ejercerlos, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 24 de la ley 1480 de 2011.


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