¿Es posible expedir una factura que reemplace otra? Sí, pero…

En primer lugar recordamos que en los términos del artículo 615 del Estatuto Tributario, para efectos tributarios, los comerciantes, prestadores de servicios profesionales, o quienes enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, y ella, la factura expedida, debe dar buena cuenta, ser precisa y exacta frente al negocio económico del cual se deriva, pero si por alguna razón se incorpora en la factura información que no es correcta se debe proceder sustitución a través de la expedición de una nueva factura y la anulación de la que es reemplazada.

En reciente concepto con numero 561 (11868) de 24/04/15 la DIAN expreso: “solamente es posible expedir una nueva factura cuando los bienes entregados real y materialmente o los servicios efectivamente prestados son menores a los que fueron facturados, evento en el cual la factura inicial debe ser efectivamente anulada. Pero si tal operación corresponde a la realmente realizada no es posible anular la factura expedida, tal como se ha reiterado en el oficio 074982 de 2000)”.

Así pues, una factura que contenga un error puede ser sustituida por otra, pero sí la factura es precisa y cierta NO puede ser reemplazada. Consecuencia de esto es que la petición para “renovar” la factura por fecha de expedición no debería ser  aceptada, y ni siquiera debería ser solicitada.

No está por demás recordar que la veracidad y precisión de la información incorporada en la factura interesa para efectos tributarios, cambiarios (título valor) y contables (registros) tanto al vendedor como al comprador. 

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¿En procedimiento disciplinario laboral hay doble instancia? Sí.

La potestad disciplinaria en el ámbito laboral de los particulares se encuentra sometida al respeto  de los derechos fundamentales de los trabajadores, específicamente al debido proceso y dentro de este deben atenderse los siguientes principios: 1.- el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, 2.- el principio de publicidad, 3.- el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, 4.- el principio de la doble instancia, 5.- la presunción de inocencia, 6.- el principio de imparcialidad, 7.- el principio de non bis in idem, 8.- el principio de cosa juzgada y 9.- la prohibición de la reformatio in pejus.

En la sentencia C-593 de 2014, la Corte Constitucional, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB dijo:

La jurisprudencia ha señalado que el hecho que el artículo 29 de la Constitución disponga que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas implica que “en todos los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o formalidades mínimas que integran el debido proceso”. En virtud de lo anterior, ha determinado que este mandato “no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un principio de orden al interior de sus organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, e.t.c.)”. Agregó la Corporación, en relación con la sujeción al debido proceso en los procedimientos en que los particulares tienen la posibilidad de aplicar sanciones o juzgar la conducta de terceros, lo siguiente “no podría entenderse cómo semejante garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados”. En otras ocasiones, esta Corte ha llegado a la misma conclusión apoyada en el argumento de que “la garantía del debido proceso ha sido establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que constan en su favor”.

Tasas interés crédito consumo y ordinario tercer trimestre 2015

A través de la Resolución 0913 del 30 de junio de 2015 la Superintendencia Financiera acaba de certificar el Interés Bancario Corriente para Créditos de Consumo y Ordinarios, y en consecuencia el límite del interés de Mora, así:

	Interés Bancario Corriente	Limite interés de Mora
Diario	0.0483%	0.0696%
Mensual	1.4786%	2.1374%
Anual	19.26%	28.89%