Acuerdos entre empresarios para fijar precios de productos o servicios violan las normas de libre competencia



En primer lugar recordemos que la Constitución Política y las leyes estimulan, a través de diferentes reglas, que en la económica y en el mercado, exista una disputa, un debate o dicho de otra forma, una competencia entre los empresarios para atraer a los clientes, y uno de los elementos más importantes de competencia entre ellos es el precio, es decir, la contraprestación dineraria por los bienes y servicios que venden.

Ahora, de acuerdo con las normas vigentes, los acuerdos entre empresarios que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios de productos o servicios se consideran contrarios a la libre competencia y por ello son sancionados por parte de las autoridades.

Es pertinente recordar el concepto 15141843 de 2015, donde la Superintendencia de industria y Comercio dijo: “Un tipo de acuerdos que restringen la competencia son los acuerdos de restricción de precios. Si dos o más empresas se ponen de acuerdo para fijar precios, sin importar que los precios sean superiores, inferiores o iguales a los del mercado, infringirán las normas sobre libre competencia. Esta norma busca que cada empresa defina, con sus propios arreglos, los precios de sus productos. Los precios se deben fijar de manera natural en relación con la estructura de costos de la empresa. En otras palabras, se debe fijar por el libre juego de la oferta y la demanda. Con acuerdos de fijación de precios, las empresas pierden sus incentivos para competir por precios, y los consumidores pierden la posibilidad que tienen de elegir entre una amplia variedad de precios”.



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Clúster, ¿Qué es? Qué no es? Cuál es la relación con los beneficios tributarios?


En el argot popular se entiende por Clúster un conjunto de empresarios independientes que realizan la misma actividad o actividades conexas o complementarias dentro de un mismo sector económico y que colaboran entre sí estratégicamente para obtener beneficios comunes.

Pero este concepto puede adoptar diferentes matices, así por ejemplo, para el Municipio de Medellín, atendiendo a los términos del artículo 4 del decreto 1067 de 2013 un Clúster es una concentración geográfica de empresas e instituciones interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva, agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir, incluyen por ejemplo a proveedores de insumos críticos y a proveedores de infraestructura, incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones como universidades, centros de estudio, proveedores de capacitación, agencias encargadas de fijar normas, asociaciones de comercio, de educación, información, investigación y apoyo técnico.

Ahora, con la definición del Municipio de Medellín, y de lo que se encuentra en el argot popular puede decirse que un Clúster, no es un gremio ni un sector industrial ni una cadena productiva, ni mucho menos, una persona jurídica.
La declaración de existencia de un Clúster y la inclusión dentro del él de un empresario es importante para determinar la aplicación de beneficios tributarios, los cuales usualmente son del orden territorial como por ejemplo la exoneración o disminución del impuesto predial y/o de industria y comercio, previo el cumplimiento de algunas condiciones, tal como lo tiene previsto, por ejemplo, el Estatuto Tributario del Municipio de Medellín.

Los beneficios tributarios para los Clúster usualmente están atados a la vocación económica de la respectiva ciudad.


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Examen médico pre ocupacional, ¿Qué es? Cuando se hace? Quien lo paga?


El artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo establece que todo empleador está obligado a hacer practicar exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio.

Por su parte La Resolución 2346 de 2007 en el artículo 4 establece que son evaluaciones medicas preocupacionales o de ingreso las “que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo”.

Este tipo de exámenes debe ser efectuado por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional, y a los resultados de la evaluación se deben anexar los conceptos sobre restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes y las recomendaciones que sean pertinentes.

¿Quien lo paga?


Ahora, el costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, está a cargo del empleador en su totalidad y en ningún caso pueden ser cobradas ni solicitadas al aspirante o al trabajador, asi los dispone la Resolucion 1918 de 2009, art. 1, y lo ratificó el Ministerio de trabajo en la Circular 015 del 11 de marzo de 2022


Si bien al día de hoy no se encuentra un término mínimo o máximo para realizar este tipo de exámenes la recomendación es atender a la finalidad de este tipo de exámenes y hacerlos antes del inicio de la relación laboral, incluir con esta obligación expone al empresario a multas impuestas por Ministro de Trabajo y Seguridad Social.


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