Según la Resolución 1099 del 13 de octubre de 2017
del Departamento Administrativo de la Función Pública “tramite” es el conjunto
de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, dentro de un proceso
misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante
una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o
cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley.
Ahora, lo que se advierte
por parte del gobierno es un interés en simplificar y racionalizar los tramites,
esto se dice en la exposición de motivos del decreto 667 del 18 de abril de
2018 “Es propósito del Gobierno Nacional simplificar los trámites que deben
adelantar los empresarios, bajo el entendido de que ello contribuye a la
formalización empresarial” considerando que en nuestra opinión debe aplicarse
en TODA regulación.
Para entender que es “racionalizar
un trámite” volvamos a la resolución 1099 del 13 de octubre de 2017 del
Departamento Administrativo de la Función Pública en la cual se dice que racionalización de tramites es la implementación
de actividades relacionadas con la simplificación, estandarización, eliminación,
optimización y automatización de trámites y procedimientos administrativos, que
busca disminuir costos, tiempos, requisitos, pasos, procedimientos y procesos,
mejorar canales de atención, facilitando a los ciudadanos, usuarios y grupos de
interés el acceso a sus derechos, el ejercicio de actividades y el cumplimiento
de sus obligaciones.
Todos debemos vigilar
que las reglas y los trámites que se nos imponen sean justificados, eficientes,
eficaces y con bajos costos de implementación para los destinatarios de la
norma.