Comercio por medio de pagina web, deber de registro en cámara de comercio.

De acuerdo con el articulo 37 del Código de Comercio la persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en multa equivalente a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Esta multa la impone la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Es este sentido es importante resaltar que si bien la inscripción en el registro mercantil no es un requisito para ejercer el comercio, y su ausencia no implica que se deje de ser comerciante, la ausencia de esta exigencia legal expone a las sanciones ya dichas.

 En cuanto a la inscripción en el registro mercantil de las páginas WEB es pertinente recordar que la SIC a través el concepto 04108712 del 12 de noviembre de 2004,  y tomando lo previsto por el articulo 91 de la ley 633 de 200 reiteró que todas las paginas web y sitios de internet de origen colombiano (persona que lo manipula) que operaren en el internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financieros o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la DIAN, la información de transacciones económicas que esta entidad requiera.

No está por demás recordar que así mismo deberá evaluarse el cumplimiento de las normas tributarias, tanto nacionales frente a la DIAN, como territoriales frente a las Secretarias de hacienda.

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Te invitamos a leer Pasarela de Pagos ¿Qué es?

Protección de usuarios en el transporte aéreo.

El plan de desarrollo, ley 1955 de 2019, en el articulo 109 dispone que  La Superintendencia de Transporte es la autoridad competente para velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al usuario del transporte aéreo, así como para adelantar las investigaciones e imponer las sanciones o medidas administrativas a que haya lugar por las infracciones a las normas aeronáuticas en lo referente a los derechos y deberes de los usuarios del transporte aéreo, excluyendo aquellas disposiciones relacionadas con la seguridad operacional y seguridad de la aviación civil; cuya competencia permanecerá en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Las multas impuestas por la Superintendencia de Transporte tendrán como destino el presupuesto de esta entidad.

Ahora, de acuerdo con el articulo 110 del PND las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestación y comercialización del servicio del transporte aéreo, serán resueltas por la Superintendencia de Transporte como única entidad competente del sector, dando aplicación al procedimiento sancionatorio del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, no obstante, las investigaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1955 de 2019, PND, seguirán en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y culminarán de conformidad con el régimen jurídico y procedimiento con el cual se iniciaron.

No está por de más recordar que según la ley 1558 de 2012, los prestadores y comercializadores de servicios aéreos, se regirán en lo que corresponda, por el Código de Comercio, las leyes especiales sobre la materia; los reglamentos aeronáuticos, el Decreto 2438 de 2010 y las disposiciones que los modifiquen o reglamenten.

Por último el artículo 109 del PND dispuso que los cargos y recursos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para la protección de usuarios del modo de transporte aéreo serán trasladados a la Superintendencia de Transporte.

Enlaces de interés:

Supertransporte

Aeronautica Civil

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Vivienda de interés social, ¿qué es?

De acuerdo con el articulo 85 del Plan de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, y recogiendo lo previsto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, y cuyo valor no exceda 135 smmlv (en 2019 $111.795.660). Excepcionalmente, para las aglomeraciones urbanas definidas por el Conpes y cuya población supere un millón (1.000.000) de habitantes, el Gobierno nacional podrá establecer como precio máximo de la vivienda de interés social la suma de 150 smmlv (en 2019 $ 124.217.400). Para el caso de los municipios que hacen parte de dichas aglomeraciones, el valor aplicará únicamente para aquellos en que el Gobierno nacional demuestre presiones en el valor del suelo, que generan dificultades en la provisión de vivienda de interés social.

El valor máximo de la Vivienda de Interés Prioritario, es 90 smmlv (en 2019 $ 74.530.440).

Tratándose de programas y/o proyectos de renovación urbana, la vivienda de interés social podrá tener un precio superior a los 135 smmlv, sin que este exceda 175 smmlv (en 2019 $ 144.920.300).

La vivienda de interés prioritario en renovación urbana podrá tener un precio superior a los 90 smmlv, sin que este exceda los 110 smmlv (en 2019 $ 91.092.760).