Utilidad en venta de activo fijo, ¿mejor renta líquida o ganancia ocasional?

Lo primero que debe hacer es determinar cuánto tiempo estuvo el activo fijo en la contabilidad del contribuyente, así, si el activo fijo fue poseído (hizo parte del activo fijo del contribuyente y se aprovechó económicamente) por un término de dos (2) o más años, a la utilidad deberá dársele el tratamiento de ganancia ocasional, es decir, una utilidad con un tratamiento especial previsto en el artículo 300 del Estatuto Tributario. Recordemos que lo que se considera ganancia ocasional es la utilidad en la venta del activo fijo y, por ende, es esta –la utilidad- la que constituye ingreso por ganancia ocasional –no la totalidad de la venta, en la que está incluido el costo fiscal del activo enajenado; así por ejemplo si un vehículo fue adquirido en el 2011 por $109.000.000, y fue vendido en el año 2015 por $80.000.000, se generó una pérdida (ocasional) de $29.000.000 y aquí no hay ganancia ocasional.

Si el activo estuvo en la contabilidad del contribuyente  menos de dos (2) años, al ingreso, costo y utilidad deberá dársele el tratamiento previsto en el impuesto sobre la renta, y en consecuencia la utilidad, en caso de generarse, deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones, tal como lo establece el artículo 196 del Estatuto Tributario. En sentido contrario si el precio fijado por las partes (el cual no debe diferir notarialmente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación) es inferior al costo fiscal del activo se presentara una perdida en la enajenación de activos en los términos del artículo 90 del Estatuto Tributario.

Puntos para reflexionar:

¿La venta de qué clase activos fijos genera utilidad? La venta de qué clase activos fijos genera perdida?

¿Hay forma de hacer coincidir en un mismo periodo ganancias ocasionales con pérdidas ocasionales?

¿A qué tarifa está gravada la utilidad, bien como ganancia ocasional o como renta líquida (+ CREE cuando sea del caso)?

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¿Cuál es el propósito de las facultades de fiscalización que tiene la DIAN?

El objeto de la facultad con la que cuenta la DIAN para solicitar cierta información a personas contribuyentes, es el de poder efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, es decir, obtener una base, importante, pero no definitiva, para la determinación del impuesto de un contribuyente que tuvo operaciones con otras personas en un determinado año gravable.

Recordemos que según el artículo 684 del Estatuto Tributario  la Administración Tributaria (DIAN)  tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, y en virtud de ello puede:

- Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.

- Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
- Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.

- Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.

- Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.

y en general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.

No está por demás Recordar que la DIAN es un órgano de ejecución de la legislación que profiere el Congreso y debe ser estricto cumplimiento a las tareas que le corresponden (Cpto. 25228 del 22/04/14).

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Ley general de archivo, ¿Empresario que financia debe acatarla? sí.

La ley 594 de 2000 establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado a la cual están sujetas, no solo la administración pública en sus diferentes niveles, sino también las entidades privadas que cumplen funciones públicas.

Así pues a la ley 594 de 2000, el decreto reglamentario 2578 de 2012 y la resolución 8934 de 2014 están sometidos:

-    Las entidades  oficiales

- Las entidades particulares  que prestan servicios públicos.

- Las entidades particulares con archivos de interés público entendiendo por estos aquellos que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura son de interés público y declarado como tales por el legislador.
- Las personas naturales y jurídicas que vendan o presenten servicios mediante sistemas de financiación o bajo la condición de la adquisición o prestación de otros bienes o servicios, así como quienes presten servicios que requieran la entrega de un bien.

No está por demás recordar que uno de los principios de la ley general de archivos es el de Finalidad el cual es descrito de esta forma:

Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley.

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Diagnóstico Financiero y Tributario

Hacer un diagnostico implica recoger y analizar datos para identificar el estado actual de una empresa, de un negocio, etc. Ahora, si el insumo, los datos, a analizar son recogidos de la información tributaria, por ejemplo, los ingresos brutos, deducciones, Ingresos no constitutivos de renta, etc, se afirma que estamos frente a un ejercicio de diagnostico tributario y si los mismos provienen de la contabilidad estamos frente a un diagnostico financiero, en ambos casos se llega a conclusión,  información,  con la cual se toman decisiones.

Dentro de los resultados del diagnostico podría llegarse a identificar el margen de Rentabilidad, Fiscal y Financiero, la tasas efectivas de tributarias, entre otros.

Ahora, es claro que una compañía rentable, y con un flujo de caja positivo, tiene menos probabilidades de fracasar que una compañía que no los tiene, y en caso de presentarse estos, ella tiene mas posibilidades de ser socorrida, por inversionistas o prestamistas, que otra sin rentabilidad o con una tendencia de flujos de caja negativos por razones estructurales. Desde la perspectiva de los terceros es poco aconsejable prestar dinero a una compañía que esta con claros indicadores de riesgo financiero y/o que financiera y tributariamente se comporta por fuera de los parámetros del sector al que pertenece lo cual, además, llama la atención de la administración de impuestos, y puede implicar programas de fiscalización. 

Para determinar estas situaciones se utiliza el diagnostico Financiero y tributario.

Ejemplo de indicadores:

Margen Operación =  Utilidad Operacional/ Ventas Netas

Razón Corriente=  Activo Corriente / Pasivo Corriente.

Margen de Rentabilidad Fiscal  =Renta Liquida Gravable / Ingresos Netos

Tasa Efectiva de Tributación = Impuesto a Cargo / Ingresos Netos

Nivel de Absorción de Costos y Deducciones = C + D / Ingresos Netos

Los resultados de indicadores como los señalados anteriormente son utilizados con diferentes objetivos como por ejemplo definir el otorgamiento de créditos.

Te invitamos a leer : Criterios para otorgar crédito y No cumplimiento de hipótesis de Negocio en Marcha, indicadores mínimos

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¿Puedo cobrar intereses de mora aunque no lo haya dicho en el contrato? Sí

En primer lugar recordemos que Interés de mora es aquel valor al que el deudor queda obligado desde el momento en que se produce el retraso en el cumplimiento del pago de la obligación.

Ahora, en los términos del artículo 65 de la ley 45 de 1990, “en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella”, así pues, la propia ley establece como una obligación del deudor, pagar intereses moratorios, y no es necesario hacer referencia expresa a ello en la factura o en el contrato.  

No obstante lo anterior lo recomendable es que se haga referencia expresa a ello, bien en el contrato, bien en la factura, y puede hacerse con este texto: “si el deudor no realiza el pago dentro de los términos pactados o fijados, deberá pagar intereses de mora a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia ”.

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