Solicitud de información sobre estatus académico (formación) de funcionario público es valida si tiene por objetivo ejercer control social

La Corte Constitucional, al fallar una acción de tutela (T 324 de 2024, M.p: Cristina Pardo Schlesinger) por medio de la cual un periodista solicitaba a una universidad pública información sobre títulos académicos de una persona que ostenta un cargo público, recordó diferentes aspectos de la ley 1712 de 2014, y dijo que  los titulares de los datos semiprivados solicitados tienen o tenían la calidad de funcionarios públicos, por lo que “su espacio de privacidad, en virtud de su desarrollo social, se ve reducido,” según la Corte la información solicitada tiene relevancia social porque, aunque el estatus académico no es un requisito para el ejercicio de cargos públicos, sí puede ofrecer información importante sobre la idoneidad profesional y ser una herramienta útil para el ejercicio del control social al poder público, y el tercero solicitante es periodista y de manera expresa indicó que su solicitud de información es con fines periodísticos.

Según la decisión de la Corte, en el caso estudiado, se considera que están dadas las condiciones necesarias para permitir el acceso a la información sobre el estatus académico de las personas a las que se refirió el accionante en su solicitud, sin perjuicio de que la difusión y manejo de esta información debe ser manejada con responsabilidad y equilibrio en atención a la responsabilidad social y deberes que tienen quienes ejercen el periodismo.

En todo caso la Corte recordó que para negarse acceso a información pública esa decisión debe estar motivada y apoyada en razones como por ejemplo posibles daños a particulares o el derecho a la intimidad, tal como ya lo había dicho en la sentencia 274 de 2013.

¿El aceite de cocina usado (ACU) debe ser entregado por un generador a un gestor a título de donación, compraventa o a qué título?

En un concepto del Ministerio de Ambiente el cual lleva por numero 24022024E2032643 del 23 de agosto de 2024 esta entidad dijo que “la Resolución 316 de 2018 no especifica el título bajo el cual el aceite de cocina usado debe ser entregado al gestor, sin embargo, en la práctica, la entrega de ACU puede darse bajo diferentes modalidades contractuales, dependiendo del acuerdo entre el generador y el gestor. Estas modalidades pueden incluir:

• Donación: El generador entrega el ACU sin recibir una contraprestación económica.

• Compraventa: El generador vende el ACU al gestor, recibiendo una compensación económica.

• Contrato de prestación de servicios: El gestor podría cobrar al generador por el servicio de recolección y tratamiento del ACU.

Es importante anotar que esta norma no regula las transacciones económicas de estos residuos.

La Resolución 316 de 2018 no obliga al gestor a hacer un reconocimiento económico al generador por la recepción del ACU. El reconocimiento económico depende del acuerdo específico entre el generador y el gestor, y puede variar según las condiciones del mercado y la calidad del ACU recolectado, es importante anotar que esa norma no regula las transacciones económicas de estos residuos, sino que busca la protección de los recursos naturales y propende por el manejo adecuado de estos residuos.

Ahora en cuanto al tratamiento tributario de la relación entre el gestor y el generador la DIAN,  en el oficio 100192467- 3237 del 11 de septiembre del 2024, luego de recordar que “en Colombia se aplica el régimen de gravamen general en materia del impuesto sobre las ventas, en virtud del cual todas las ventas de bienes corporales muebles, prestación de servicios en el territorio nacional e importaciones de bienes corporales muebles se encuentran gravadas con el IVA, salvo las excepciones taxativamente contempladas en las normas legales” (CONCEPTO UNIFICADO DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS N° 001 del 19 de junio de 2003) reiteró lo expuesto en el oficio 015172 del 4 de agosto de 2017 donde expuso  que“(…) En efecto, debe tenerse presente que, de conformidad con los artículos 420 y 421 del Estatuto Tributario, la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, con excepción de los expresamente excluidos – entre otros hechos generadores – causa el impuesto sobre las ventas, a menos que dichos bienes sean considerados activos fijos de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1° de la primera disposición. (…)”

No está por demás recordar que en el oficio de 2017 la DIAN, apoyada en el numeral 4 del artículo 476 dijo que los servicios excluidos del impuesto sobre las ventas son los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y gas domiciliario, ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros, sin que se haga referencia alguna a residuos (ordinarios, orgánicos, especiales) y su entrega para ser incluido en nuevos procesos productivos y no su disposición final p aprovechamiento y expresamente manifestó que “las actividades de reciclaje de desechos, suprocesamiento y recuperación, constituyen actividades diferentes de las de recolección de basuras y aseo público u otros servicios de aseo, por lo que se encuentran sometidas al Impuesto sobre las Ventas". 

¿Cuáles son las sanciones a las que se expone un generador que no cumple con las obligaciones previstas en la Resolución 316 de 2018?

La Resolución 316 de 2018 no especifica sanciones directas para los generadores que no cumplen con sus obligaciones. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones previstas en la resolución puede ser sancionado bajo el marco legal general de la normativa ambiental en Colombia, principalmente bajo la Ley 1333 de 2009, que regula el proceso sancionatorio ambiental. Las sanciones pueden incluir las estipuladas en el artículo 40, así:

1. Amonestación escrita.

2. Multas hasta por cien mil salarios mínimos mensuales legales Vigentes (100.000 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente).

3. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

4. Revocatorio o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.

5. Demolición de obra a costa del infractor.

6. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

7. Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres o acuática.

Adicionalmente, lo anterior se fundamenta en lo establecido en la Ley 99 de 1993 en el artículo 107 se establece “Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”.

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Empleado que utiliza sus propios medios de transporte (moto o carro). Ojo con la responsabilidad del empleador

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia que lleva por número SL060 del 2024 expuso que “la deuda de seguridad” le impone al empleador, identificar, conocer, evaluar y controlar los riesgos potenciales, a los que pueda verse expuesto el trabajador, esto lo apalanco en el artículo 216 del código sustantivo del trabajo que trata de la culpa comprobada del empleador, respecto al incumplimiento de los deberes de prevención de riesgos labores, ya que, si no se entregan elementos de seguridad o estos son incipientes, se genera la obligación de indemnizar los perjuicios que esa omisión ocasionó.

En un caso donde un empleado que utilizaba sus propios medios de desplazamiento para “hacer correrías” o visitar lugares o prospectos, por ejemplo, la Corte dijo: “la compañía demandada no contaba con controles en materia de seguridad vial para quienes utilizaban vehículos en la ejecución de sus labores, presentándose, también, hábitos de trabajo incorrectos y la utilización de la moto, sin ninguna vigilancia” y continuo así: “la compañía demandada no le facilitó al actor los elementos de protección, razón por la cual, medio su culpa en el accidente que le causó traumatismos al actor y por tal razón, debe responder por la indemnización prevista en el artículo 216 del código sustantivo del trabajo”.

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Empresario con inventario de bolsas de un solo uso, ¿puede introducirlas en el mercado? ¿Qué hacer desde lo tributario?

En un concepto que lleva por numero 24022024E2028336 de agosto de 2024 el Ministerio de Ambiente respondió esta presunta así:

“Como se precisa en la Resolución 0803 de 2024 en el CAPITULO V Mecanismo para aplicar a las Alternativas Sostenibles, excepciones a la prohibición y régimen de transición, referente al artículo 24, De los informes de avance de los programas de uso racional de bolsas plásticas, los distribuidores de bolsas plásticas deberán presentar ante la ANLA, a más tardar el 30 de octubre de 2024, el informe de avance de los programas de uso racional de bolsas plásticas, a los que se refiere la Resolución 668 de 2016 modificada por la Resolución 2184 de 2019, correspondiente a la vigencia entre el 01 de enero de 2024 y el 06 de julio de 2024 y generar un informe de cierre con el contenido establecido en la Resolución 668 de 2016 y su modificatoria”. 

Dado lo anterior y para su aclaración, con la entrada en vigencia de la prohibición de los productos plásticos de un solo uso a partir del 7 de julio de 2024, esos productos no pueden ser distribuidos en el mercado, por lo que se sugiere en esos términos proceder a desarrollar actividades de reciclaje e igualmente podría pensarse en exportarlos”

Ahora desde el punto de vista tributario frente a las bolsas de un solo uso que están cobijadas por la restricción legal, dado que ellas no pueden introducirse al mercado, puede aplicarse el artículo 64 y 148 del E.T. y tomarse la deducción pertinente. 

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DIAN reitera que expedido el P.O.S. no es posible cambiarlo por factura electrónica.

En un concepto firmado por el subdirector de normativa y doctrina que lleva por número 100192467 – 2727 del 02 de agosto de 2024 la DIAN respondió de manera explícita y directa la siguiente pregunta: ¿Es posible anular un tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. cuando el mismo se ha expedido con ocasión de una operación de venta y con posterioridad a dicha operación el adquiriente solicita la expedición de la factura electrónica de venta con el fin de soportar impuestos descontables, costos y deducciones? 

La DIAN respondió así: “Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación. No puede aceptarse que, por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas o documentos equivalentes ya expedidos y se expidan otros que no consulten la realidad de la operación comercial.

 Así, el manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura o documento equivalente debe ser expedido al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma. En este sentido, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo.

Así las cosas, el sujeto obligado a facturar que cuente con la opción de expedir tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., podrá hacerlo; no obstante, si al momento de efectuarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios el adquiriente exige la factura electrónica de venta correspondiente, este deberá expedirla en dicho momento según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016.

Por lo que, el facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio.

En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente. Por su parte, es obligación del adquiriente solicitar la factura electrónica de venta en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio al sujeto obligado a facturar con el fin de soportar los costos, deducciones o impuestos descontables, sin que dicho derecho a exigir la respectiva factura se extienda en un plazo mayor al momento de realizarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios (…) Lo anterior, teniendo en cuenta que la normatividad vigente no estipula un término posterior, y que la regla es clara y precisa sobre la oportunidad para la solicitud de la factura electrónica de venta, sin prever que el adquiriente conserve la facultad para la exigencia posterior de esta”.

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