En el mundo de los negocios con el Estado, la transparencia es una regla de oro, pero no a costa de la seguridad financiera y corporativa de los empresarios. Constantemente vemos a contratistas, representantes legales y directivos con una preocupación legítima: al cumplir con la Ley 2013 de 2019y subir sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés al Aplicativo por la Integridad Pública, sienten que están entregando el mapa de sus finanzas a la competencia o, peor aún, a la delincuencia.
Sobre este tema es importante tener presente que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió en el 2024 un concepto con radicado 2525 que pone un límite pragmático y legal a esta situación. Este pronunciamiento resuelve la tensión directa entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho fundamental al habeas data.
A continuación, presento el análisis estratégico de esta decisión y lo que significa para sus negocios al contratar con el Estado.
El reto: transparencia vs. privacidad
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) administra el Aplicativo por la Integridad Pública, donde altos funcionarios y contratistas del Estado (sujetos obligados) deben registrar su información financiera y de conflictos de interés.
Tras recibir una sanción y órdenes administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por no proteger adecuadamente estos datos, el DAFP consultó al Consejo de Estado si era jurídicamente factible permitir la consulta de estas declaraciones de manera ilimitada y sin reservas.
La Decisión del Consejo de Estado
La respuesta del máximo tribunal de lo contencioso administrativo fue un rotundo NO. Desde una perspectiva de negocios y cumplimiento normativo, las reglas de juego quedaron claras bajo las siguientes premisas:
• Prohibición de acceso ilimitado: El DAFP no puede permitir la consulta de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés de manera ilimitada y sin reservas.
• Obligación de protección: Aunque la información sea administrada por una entidad pública en ejercicio de sus funciones, el DAFP está obligado a adoptar medidas para proteger los datos personales según su naturaleza.
• Clasificación del dato financiero: La información sobre ingresos, rentas, cuentas bancarias, bienes patrimoniales y saldos de obligaciones fue clasificada expresamente como información semiprivada.
• Naturaleza del dato semiprivado: Este tipo de dato no es íntimo ni reservado, pero tampoco es puramente público; su conocimiento interesa a la sociedad, pero su acceso requiere un grado mínimo de limitación y respeto por el habeas data.
• Datos que sí son públicos: Los nombres, apellidos, documentos de identidad y lugares de nacimiento o domicilio son datos públicos por estar relacionados con el registro civil.
• Imposibilidad de anonimato: La entrega de información a través del aplicativo no puede hacerse de manera anónima, ya que los nombres son datos públicos y ni la Constitución ni la ley autorizan la entrega anónima en este contexto.
• Publicación parcial: Cuando un documento contiene información que debe protegerse, la entidad debe generar una versión pública que mantenga la reserva de los datos estrictamente indispensables.
¿Qué significa esto para su empresa?
1. Protección de su ventaja competitiva: Su declaración de renta y el detalle de sus activos (o los de su empresa si ejerce función pública) reflejan sus márgenes, su endeudamiento y su estructura de costos. El Consejo de Estado ha ratificado que estos datos son semiprivados. Esto significa que ninguna entidad estatal puede publicarlos a la ligera en internet para que cualquier competidor los descargue sin controles técnicos.
2. Mitigación del riesgo de seguridad: Exponer saldos bancarios y bienes patrimoniales al público general en Colombia representa un riesgo evidente. La exigencia del Consejo de Estado de aplicar medidas de seguridad y restringir la circulación irrestricta de estos datos obliga al Estado a implementar barreras tecnológicas (como la validación de identidad del consultante) que desincentivan la minería de datos con fines ilícitos.
3. Auditoría a las entidades estatales: Si usted es contratista del Estado, tiene el derecho a exigir que la entidad contratante o el DAFP apliquen protocolos estrictos de manejo de información. Si nota que sus declaraciones de renta o detalles patrimoniales están expuestos sin censura parcial en buscadores públicos, puede accionar mecanismos legales (ante la SIC o jueces de tutela) fundamentado en este concepto, pues la autoridad debe resguardar su habeas data.
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