El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Concepto 006825 del 30 de enero de 2026, fijó una postura clara respecto al alcance del poder de fiscalización territorial y las exigencias de autoridades administrativas no tributarias. En los negocios, la información financiera es el activo más crítico; entregarla sin control o permitir que un funcionario local la desconozca sin fundamento, es un riesgo directo para la caja y la continuidad operacional de la empresa.
A continuación, resumimos los elementos técnicos y jurídicos más relevantes de este pronunciamiento y les entregamos las directrices pragmáticas que debe implementar en su planeación fiscal y defensa corporativa.
Síntesis del Concepto 006825 de 2026: Lo que estableció el MinHacienda
1. Competencia de fiscalización territorial: Los municipios sí tienen facultades amplias de fiscalización tributaria al amparo del artículo 684 del Estatuto Tributario (ETN). Pueden requerir la declaración de renta presentada ante la DIAN para investigar la ocurrencia de hechos generadores de impuestos locales (como el ICA).
2. La declaración de renta NO es prueba absoluta para el ICA: El Ministerio es enfático: mientras la declaración de renta incluye la totalidad de ingresos a nivel nacional (y mundial), el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) grava únicamente los ingresos brutos obtenidos en la respectiva jurisdicción municipal. Usar la renta como única base presuntiva para liquidar ICA es un error técnico y jurídico de la administración local.
3. Exigencia de información exógena local: Los entes territoriales pueden exigir medios magnéticos, pero estrictamente condicionados a la expedición previa de un acto administrativo (resolución) que defina especificaciones técnicas, plazos y régimen sancionatorio. No pueden exigir de forma "indirecta" o improvisada formatos exclusivos de la DIAN.
4. Obligación de facturar: Se reafirma que la obligación de expedir factura (artículo 615 del ETN) está atada a la calidad de comerciante, profesional o prestador de servicios, y no a la simple responsabilidad frente al IVA.
5. Presunción de legalidad de las “exigencias” locales: Si una alcaldía expide un lineamiento, manual o resolución exigiendo requisitos para el reconocimiento de derechos económicos, este acto se presume legal y debe cumplirse hasta que sea demandado y anulado por la jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 88 de la Ley 1437 de 2011).
6. Intercambio de información: Existe plena vía libre para que los municipios y la DIAN crucen datos e investigaciones fiscales bajo el artículo 585 del ETN.
Recomendaciones Prácticas y Estratégicas para las Empresas
1. Blindaje Contable con trazabilidad territorial
Nunca entregue una declaración de renta a un municipio sin acompañarla de una certificación contable y un anexo detallado que discrimine los ingresos por jurisdicción. Si un fiscalizador local intenta tomar el renglón de "Ingresos Brutos" de su formulario 110 o 210 para liquidarle ICA por omisión, usted debe tener la contabilidad lista para desvirtuar la territorialidad del ingreso. El concepto es claro: la renta es un indicio, no una base gravable directa para los municipios.
2. Controle el flujo de la "exógena local"
No entregue bases de datos a las alcaldías a título de "colaboración". Si un municipio le exige información en medios magnéticos, su primera respuesta (a través de su equipo jurídico) debe ser exigir el acto administrativo que soporta dicha solicitud. Si la alcaldía no ha expedido una resolución formal con las reglas de juego claras, el requerimiento es improcedente.
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