Derecho de reunión y manifestación, ¿justifica la ausencia a trabajar?

El derecho de reunión y manifestación (art. 37 Const. Pol) no es lo mismo que el derecho de huelga (art. 56 Const. Pol), y el ejercicio de aquel NO justicia la ausencia  al trabajo.

Es importante recordar que según la Corte Constitucional el derecho de reunión (art. 37 C. Pol.) es una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer derechos políticos, dice expresamente la Corte Constitucional que “esta libertad es la base de la acción política en las compañas electorales y también de los movimientos cívicos u otras manifestaciones legitimas de apoyo y protesta (C. Const., sent. C-24, ene. 27/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero).

La Corte Constitucional definió que el derecho de manifestación es una herramienta de CONTROL POLÍTICO, y es el “ejercicio de formación de conciencia de Estado”, Sentencia C-223/17. No esta por demás reiterar que la norma constitucional colombiana, art. 37. esta relacionada con el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas) y con el artículo 21 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (ley 74 de 1968 art. 21)

En esta medida es importante reiterar que:

- El derecho de reunión y manifestación es un derecho de primera generación, es decir, que se refiere a la protección del individuo, la libertad y la participación y son “fundamentalmente civiles y políticos”.
- el derecho de reunión y manifestación no ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho constitucional absoluto, y en esta medida “no tiene primacía” sobre otros derechos y leyes con los cuales debe coexistir.
- La legislación prevé que “El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga, en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes”, art. 12.
- La huelga es una causal de suspensión del contrato de trabajo, art. 51.
- La huelga, explica legítimamente, la ausencia de un empleado a su lugar de trabajo, art. 60.

Como puede apreciarse, en las normas laborales no se prevé que la decisión individual de un empleado de participar en una marcha en ejercicio del derecho de reunión y manifestación explique o justifique válidamente la ausencia de un empleado a su trabajo, y ello de ninguna manera compromete o elimina el derecho constitucional que tiene el empleado en los términos del artículo 37, pero la decisión de reunirse y manifestarse, como acción política, no justifica la ausencia al trabajo.


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Contrato comercial, ¿Es posible firmarlo electrónicamente?


De acuerdo con el artículo 824 del Código de Comercio los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente (oralmente), por escrito o por cualquier modo inequívoco. Ahora, en cuanto a la firma, la legislación comercial entiende por tal la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal.

Sobre estos temas la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sala de casación civil, en expediente 2004-01074, sentencia del 16 de diciembre de 2010, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, dijo que ante la imposibilidad de que un documento informático pudiese tener firma manuscrita es que “fue concebida la de carácter electrónico, que consiste, según la doctrina, en “cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizados o adaptado por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita”, y “dicha firma solo producirá los efectos de la manuscrita – equivalencia funcional- cuando cumpla determinados requisitos de seguridad y de fiabilidad, cuestiones que dependen del proceso técnico utilizado en su creación”.

Es importante tener presente que el documento electrónico esta cobijado por la presunción de autenticidad cuando hubiese sido firmado digitalmente, puesto que se presume que su suscriptor tenía la intención de acreditarlo y de ser vinculado con su contenido, claro está, siempre que ella incorpore los siguientes atributos según la sentencia antes referida:

a)    Fuere única la persona que la usa y estuviere bajo su control exclusivo
b)   Fuere susceptible de ser verificada
c)    Estuviere ligada al mensaje, de tal forma que si este es cambiado queda invalidada
d)   Estar conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional.

Según la CSJ es necesario que la firma hubiese sido refrendada por una entidad acreditada, toda vez que “estas certifican técnicamente que un mensaje de datos cumple con los elementos esenciales para considerarlo como tal, a saber, la confidencialidad, la autenticidad, la integridad y la no repudiación de la información, lo que, en ultimas permite inequívocamente tenerlo como auténtico” (C-662 de 2000).

Conviene tener presente que la firma digital no es imprescindible para establecer la autenticidad o autoría del documento o mensaje de datos desprovisto de una firma digital, para lo cual aplica libertad probatoria, como por ejemplo el reconocimiento del texto, artículo 185 del actual Código General del proceso.

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