La Ley 1333 de 2009 creó el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA– a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual deberá contener, al menos, el tipo de falta por la que se le sancionó, lugar de ocurrencia de los hechos, sanción aplicada, fecha en que queda ejecutoriado el acto administrativo que impone la sanción y el número, autoridad ambiental que adelantó la investigación y fecha de ejecución o cumplimiento de la sanción, el nombre e identificación del infractor y en caso de ser un persona jurídica aparecerá el nombre de la empresa, NIT y el nombre e identificación del representante legal.
De acuerdo con la Ley 1333 de 2009 la información del
registro será pública y de fácil acceso para las autoridades ambientales y la
comunidad en general y será prueba suficiente para demostrar la reincidencia en
sanciones ambientales, situación que, en todo caso, debe atender las reglas Constitucionales
en materia de Habeas Data.
Ahora, todas las autoridades que sancionen a través del
procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la información en el
RUIA, así lo dice la Ley y la Resolución 415 de 2010 del Ministerio de Ambiente
que regula el RUIA, el cual dispone que todas las autoridades ambientales que
impongan las sanciones administrativas ambientales deben, dentro de los cinco
(5) últimos días de cada mes, registrar y/o actualizar la información sobre los
infractores ambientales, en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA
y la omisión del reporte da lugar a falta disciplinaria
En cuanto a la Vigencia del reporte el artículo 9 de la Resolución
415/10 dispone que el reporte realizado por las autoridades ambientales
contenido en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, se publicará
desde la ejecutoria de la providencia que impuso la sanción respectiva y hasta
que se cumplan:
1. Un (1) año, contado a partir del pago de la sanción de
multa.
2. Un (1) año, contado a partir del inicio de las actividades
relacionadas con el trabajo comunitario ordenadas por la autoridad ambiental.
3. Un (1) año, contado a partir de la demolición de la obra a
costa del infractor.
4. Un (1) año, contado a partir del cumplimiento de la
sanción de cierre temporal del establecimiento, edificación o servicio.
5. Dos años (2), contados a partir del cierre temporal o
definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
6. Dos (2) años, contados desde el decomiso definitivo de
especímenes y especies silvestres exóticas, adelantado por la autoridad
ambiental competente.
7. Dos (2) años, contados a partir de la restitución de
especímenes de fauna y flora silvestres, contados desde cuando se haya cumplido
con cualquiera de las siguientes alternativas según lo establecido por la
autoridad ambiental competente:
a) Liberación del o los especímenes de fauna.
b) Disposición en centro de atención, valoración y rehabilitación.
c) Destrucción, incineración y/o inutilización.
d) Entrega a zoológicos, red de amigos de la fauna.
e) Entrega a zoocriaderos.
f) Entrega a tenedores de fauna silvestre.
g) Liberaciones en semicautiverio.
h) Disposición al medio natural.
i) Destrucción, incineración o inutilización.
j) Entrega a jardines botánicos, red de amigos de la flora.
k) Entrega a viveros u otras organizaciones de conservación
como arboretums o reservas forestales.
i) Entrega a entidades públicas.
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