Requisitos de la Factura electrónica de Venta, Resolución DIAN 042 de 2020

Artículo 11 de la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020:

1. De conformidad con el literal a) del artículo 617 del Estatuto Tributario, estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.
2. De conformidad con el literal b) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Identificación del adquiriente, según corresponda, así:
a) De conformidad con el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria –NIT del adquiriente de los bienes y servicios.
b) Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente de los bienes y/o servicios; para los casos en que el adquiriente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el Número de Identificación Tributaria -NIT.
c) Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirientes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los literales a) o, b) de este numeral. Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquiriente, corresponda a la señalada en los literales b) y c) de este numeral.
4. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura electrónica de venta, incluyendo el número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
5. Fecha y hora de generación.
6. De conformidad con el literal e) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener la fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que se entiende cumplido con lo dispuesto en el numeral 7 del presente artículo. Cuando la factura electrónica de venta no pueda ser validada por inconvenientes tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o cuando se utilice el procedimiento de factura electrónica de venta con validación previa con reporte acumulado, se tendrá como fecha y hora de expedición la indicada en el numeral 5 del presente artículo.
7. De conformidad con el artículo 618 del Estatuto Tributario, deberá entregarse al adquiriente la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico; salvo cuando la factura electrónica de venta no pueda ser validada por inconvenientes tecnológicos presentados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
8. De conformidad con el literal f) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, la denominación -bien cubierto- cuando se traten de los bienes vendidos del artículo 24 de la Ley 2010 de 2010, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.
9. De conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, el valor total de la venta de bienes o prestación de servicios, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.
10.La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, en este último caso se debe señalar el plazo.
11.El Medio de pago, registrando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia electrónica u otro medio que aplique. Este requisito aplica cuando la forma de pago es de contado.
12.De conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar la calidad de agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, cuando corresponda.
13.De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, la discriminación del Impuesto sobre las Ventas -IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.
14.La firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de firma establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.
15.El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.
16.La dirección de internet en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica, que corresponde a la indicada en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».
17.El contenido del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta establecido en el artículo 69 de esta resolución, para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción, en relación con los requisitos establecidos en el presente artículo. 
18.Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.

Procesos de insolvencia durante el COVID- 19. Medidas tributarias.


Procesos de insolvencia por el COVID- 19. Medidas tributarias.


Por medio del Decreto Legislativo 560 de 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional dispuso, transitoriamente, reglas especiales en materia de insolvencia empresaria en virtud de los efectos económicos producidos por el COVID – 19.

La referida norma, luego de recordar que son mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial la Capitalización de Pasivos, La descarga de pasivos y los pactos de deuda sostenible señaló los siguientes efectos en materia tributaria:

-       Según el Art. 12.  las empresas admitidas a un proceso de reorganización empresarial o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización empresarial y se encuentren ejecutándolo, conforme a lo indicado en la ley 1116 de 2006, a partir de la expedición del decreto legislativo (560), y hasta el 31/12/2020, no estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Esto sin perjuicio del impuesto que resulte a cargo de la empresa en las respectivas liquidaciones privadas u oficiales.  (en la ley 1116/2006, el efecto de la celebración del acuerdo de reorganización es la devolución de retención a cualquier titulo y hasta por 3 años)

También estarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del E.T. por el año gravable 2020.

-       Según el art. 13. las empresas admitidas a un proceso de reorganización empresarial o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización y se encuentren ejecutándolo conforme a los indicado en la ley 1116 de 20016, a partir de la expedición del presente decreto legislativo, y hasta el 31/12/2020 estarán sometidas a retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas IVA del 50%. Dicha retención será practicada por todos los agentes retenedores que adquieran los bienes o servicios de estas empresas.  Lo anterior, sin perjuicio del impuesto que resulte a cargo de la empresa en las respectivas liquidaciones privadas u oficiales.

-       Según el art. 14.  los deudores que hayan sido admitidos a un proceso de reorganización o que cuenten con un acuerdo de reorganización y se encuentren ejecutándolo, en los términos de la ley 1116 de 2006, no se encuentran obligados a liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020. (en la ley 1116/2006 este efecto es 3 años contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo)

Consideramos pertinente resaltar que según el decreto 560 se suspende por un periodo de 24 meses, la configuración de la causal de disolución por pérdidas prevista en el artículo 457 del Código de Comercio y del artículo 35 de la Ley 1258 de 2008.

Peluquería para mascotas durante el COVID 19.


De acuerdo con el decreto 593 del 24 de abril de 2020, artículo 3, parágrafo 4, con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. De acuerdo con el texto de la norma el objetivo de la excepción al aislamiento es no desproteger ni descuidar a la mascota en todos sus elementos o aspectos (integral).

Ahora, de acuerdo con las finalidades y acciones que se ejecutan sobre las mascotas cuando son sometidas al servicio de peluquería como por ejemplo la limpieza de oídos, extremidades y aseo en general, es decir un proceso de “higiene fundamental”, y dado el incremento de interacción de ellas con las personas, la actividad de peluquería, en nuestra opinión, encaja en las actividades “exceptuadas” del aislamiento y las personas que las ejecutan conservan el derecho de circulación para su ejercicio.

No está por demás recordar que el servicio de peluquería lleva por código CIIU 9609, otras actividades de servicios personales n.c.p. y si bien no encaja en dentro de los servicios que integran el servicio veterinario, sus efectos van mas allá de lo puramente estético, y en todo caso para su prestación deben atenderse los Protocolos de Bioseguridad pertinentes.

Los invitamos a leer Protocolos de bioseguridad en tiempos de COVID 19

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IMPUESTO SOLIDARIO para servidores públicos, se depura. D. 568 del 15/04



Sujeto Activo
DIAN



Sujeto Pasivo
Servidores públicos y P.N. contratistas del estado Nivel nacional, departamental y municipal, central y desentralizado y pensionados.
El talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID 19 incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica y que por consiguiente, están expuestos a riesgos de contagio, así como los miembros de la fuerza pública no son sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID 19.
Hecho Generador
pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios, honorarios o mesada pensional de diez millones de pesos (10.000.000) o más


Base Gravable
El salario, loa honorarios o mesada pensional igual o superior a $10.000.000.
El primer millón ochocientos mil pesos ($1.800.000) del pago o abono en cuenta de los salarios y honorarios mensuales periódicos, y mesadas pensionales de las megapensiones mensuales periódicas de los sujetos pasivos no integran la base gravable del impuesto solidario por el COVID 19.


Tarifa
Rango en millones
Tarifa bruta
 impuesto
>10 y < 12.5
15%
(Ingreso - $1.800.000) *15%
>12.5 y <15
16%
(Ingreso - $1.800.000) *16%
>15 y <20
17%
(Ingreso - $1.800.000) *17%
>20
20%
(Ingreso - $1.800.000) *20%

NOTAS:

1.- Es temporal y destinación especifica, a partir del primero (01) de mayo de 2020 y hasta el treinta (31) de julio de 2020, es un impuesto con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales, es de carácter instantáneo y se causa al momento en que se paguen o abonen en cuenta, el período del impuesto solidario por el COVID 19 es mensual.

2.- Se retiene en la fuente y será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME (DL 444/2020).  Los agentes de retención, quienes realizan el pago deben incluir en el certificado de retención en la fuente el valor de las retenciones a título del Impuesto solidario por el COVID – 19. Lo retenido se declara y paga en los formularios acostumbrados.

3.- El valor del impuesto solidario por el COVID 19 podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en materia del impuesto sobre la renta y complementarios y no implica la presentación de ninguna declaración adicional.

4.- Las liquidaciones pagadas o abonadas en cuenta a los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución al momento de la terminación de la relación laboral, o legal y reglamentaria, no estarán sujetas al impuesto solidario por el COVID 19.

5.- Para la aplicación de este impuesto dentro del salario están comprendidos la asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa por el servicio prestado. No están comprendidos dentro del concepto de salario las prestaciones sociales ni los beneficios salariales que se perciben semestral a anualmente.

6.- Los funcionarios públicos, contratistas del estado que estén por debajo del hecho generador del Impuesto Solidario podrán realizar un “Aporte Solidario Voluntario por el COVID 19” y para ello deberán informarlo por escrito por cualquier medio al pagado dentro de los primeros 5 días de mayo, junio y julio, y lo aportado será tratado como un Ingreso no Constitutivo de Renta ni de Ganancia Ocasional, no es aplicable al talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus, incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica y que por consiguiente, están expuestos a riesgos de contagio, así como los miembros de la fuerza pública.

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Mi negocio puede abrir y recibir clientes en momentos de COVID – 19

Por medio de la Resolución 666 del 24 de abril de 20202 el Ministerio de Salud y Protección Social se fija un Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del COVID 19 y en el anexo técnico de la referida Resolución se dispone en el aparte número 4 que se refiere a la prevención y manejo de situaciónes de riesgo de contagio en materia de interacción con terceros, dentro de los cuales se cuentan a los proveedores, clientes, aliados, etc, lo siguiente:

-          Se deben definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la empresa. En particular, se debe usar siempre el tapabocas y guantes, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.
-          Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones. Estos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones.
-          Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibo del producto. A menos que utilice su propio lapicero.

Así pues, de acuerdo con las reglas actuales sí es posible “abrir el negocio” desde que se este dentro de las actividades exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio, actualmente 41, del decreto 593 del 24 de abril.

Es pertinente tener presente que todo lo anterior debe estar integrado en el contexto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST.


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Protocolos de bioseguridad en tiempos de COVID 19


En primer lugar recordemos que la bioseguridad hace referencia al conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos contra la salud, el medio ambiente o la vida de las personas asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atentes contra la salud y seguridad de los trabajadores.

En este sentido se debe tener presente que el decreto 539 del 13 de abril dispone que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el MinSalud, con ocasión del COVID-19, este Ministerio es la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública. Los protocolos de bioseguridad establecidos por Minsalud deben ser atendidos por los gobernadores y alcaldes.

Objetivos del Protocolo de Bioseguridad “COVID 19”:
Mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

¿A quienes aplica la Resolución 666?
Aplica a los empleadores y trabajadores del sector publico y privado, aprendices, cooperados, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, entes gubernamentales y ARL´s.

¿Qué responsabilidad están a cargo del empleador o contratante según la resolución 666?

-          Adoptar, adaptar e implementar las normas de la resolución 666.
-          Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra en las medidas adoptadas.
-          Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares d trabajo.
-          Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.
-          Reportar a las EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID – 19.
-          Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVI – 19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general.
-          Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
-          Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.
-          Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.
-          Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.
Es importante tener presente que en el anexo técnico de la Resolución 666 se encuentra el procedimiento establecido por el Ministerio para realizar la limpieza y desinfección de los establecimiento y espacio de trabajo así como medidas para adoptar en los sitios de trabajo.

¿Quién vigila el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad?
Las secretarias  de salud quienes deben informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo los incumplimientos para que adelantes las acciones correspondientes

Se pueden vender flores durante el aislamiento preventivo por el COVID 19.



De acuerdo con el Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO, 2009, Producto Agrícola es Cualquier artículo o producto básico, en bruto o elaborado, destinado al consumo humano (excluidos el agua, la sal y los aditivos), la alimentación de animales, la producción de energía (por ejemplo, cultivos para la producción de biocombustible) y la industria (por ejemplo, la industria textil o la de elaboración de bioplásticos).

El concepto de producto agrícola, dentro del cual se incluyen la flores, es importante para entender el numeral 11 del artículo 3 del decreto 531 del 8 de abril de 2020, ya que en esta norma se excluye del aislamiento la cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas.

Así mismo pude tenerse presente que de acuerdo con el numeral 2 y el numeral 31 del articulo 3 del decreto 531 del 8 de abril, está permitida la circulación de personas para la adquisición, abastecimiento y distribución de bienes de ordinario consumo, entendiendo por estos los bienes que requiera una persona para el desarrollo de su entorno habitual.  (https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126405:Lineamientos-sobre-el-comercio-electronico-frente-a-las-medidas-de-contencion-del-COVID-19) concepto dentro del cual se cobijan la adquisición, abastecimiento y distribución de flores.

En todo caso las realizar las operaciones antes referidas, deberán cumplirse los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno nacional, decreto 539, entendiendo por estos el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos contra la salud.  Definición de Minsalud en 1997, pero útil: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/prevencion/promocion_prevencion/riesgo_biol%C3%B3gico-bioseguridad/b_bioseguridad/BIOSEGURIDAD.pdf

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Inventarios, precios y publicidad FUNDAMENTALES para la verificación de precios por parte de SIC, DANE y alcaldías.



El decreto 507 del 01 de abril de 2020 fija algunas medidas para favorecer el acceso de los hogares a productos de la canasta básica, médica y dispositivos médicos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020.

Dentro de las medidas previstas en el decreto 507 están:

1.- MinSalud, MinComercio y MinAgricultura fijaran listados de productos de primera necesidad según sus competencias y de cámara a las necesidades para afrontar y superar los efectos producidos por el COVID 19.

2.- EL DANE asume la responsabilidad de hacer seguimiento cada cinco (5) días a los precios de los listados de productos fijados por las entidades entes enunciadas así como de los precios de los insumo requeridos para la elaboración de dichos productos, en virtud de lo anterior identificara variaciones significativas y atípicas en los precios de los productos en función de su comportamiento histórico y entregara un reporte  SEMANAL a la SIC, la información requerida por el DANE es de obligatorio suministro  por parte de los agentes y actores de las cadenas de producción, distribución, comercialización y otras formas de intermediación, y si incumplen se exponen a multas en los términos del artículo 6 de la ley 79 de 1993,  entre uno (1) y cincuenta (50) salarios mínimos mensuales . Así mismo el DANE publicara cada cinco (5) días  los precios promedio de los listados de productos de primera necesidad, en función de sus respectivos canales de comercialización, y también debe ser publicada por los Ministerios antes referidos.

3.- Si se presentan variaciones significativas la SIC se encargara de realizar acciones de inspección, vigilancia y control de oficio, con base en el análisis del comportamiento de precios, tanto de insumos como de los productos de primera necesidad.

4.- Los gobernadores y alcaldes deben apoyar la función de inspección, vigilancia y control, mediante el reporte a la SIC de aquellas eventuales variaciones significativas y atípicas en los precios de los productos, el reporte deberá llevarse a cabo a través de los canales de comunicación que determine esta entidad: dirproteccion@sic.gov.co o contactenos@sic.gov.co . En este sentido la SIC, por medio de la circular externa 004 del 31 de marzo de 2020 EXHORTÓ a los alcaldes municipales para que en el territorio de su jurisdicción, adelanten acciones de inspección y vigilancia respecto de la actividad desplegada por los productores y proveedores, para determinar si los mismos podrían estar vulnerando los derechos de los consumidores las cuales incluyen visitas a los sitios de actividad empresarial y comercial.

Para conocer el listado fijado por el Gobierno los invitamos a leer la Resolución 078 del 07 de abril.

RECOMENDACIONES PARA LOS EMPRESARIOS:

-          Tener la información contable actualizada, clara y precisa, sobre todo en lo referente a inventarios.
-          Tener claros los conceptos de acaparamiento, especulación, publicidad engañosa, venta atada.
-          Tener listado de producto detallado, y un histórico de precios de los últimos seis (6) meses.
-          Copia de las publicidades y publicidades de los últimos seis (6) meses


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Comercialización de mercancías de ordinario consumo se puede seguir haciendo durante aislamiento COVID 19.



El decreto 457 del 22 de marzo prevé el aislamiento preventivo obligatorio como medida para contener el avance del COVID 19, y en virtud de ello se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional. No obstante lo anterior, dentro de las excepciones al aislamiento se permite el derecho de circulación de las personas para la adquisición de mercancías de ordinario consumo, tal como lo disponen los numerales 2 y 28 del artículo 3 del referido decreto. Así pues, lo limitado es la locomoción de personas no el comercio de bienes.

En este sentido el artículo 3 del decreto 464 del 23 de marzo de 2020 dispone en el artículo 3 que durante el estado de emergencia económica, social  y ecológica, las empresas que prestan servicios de comercio electrónico, envíos y los operadores logísticos deberán dar prioridad al envío de productos y servicios solicitados en línea que sean de alimentación, de bebidas, de productos y bienes de primera necesidad, de productos farmacéuticos, de productos médicos, ópticas, de productos ortopédicos, de productos de aseo e higiene, de alimentos y medicinas para mascotas, de y terminales permitan el acceso a las telecomunicaciones (teléfonos, computadores, televisores).

Es válido afirmar que los decretos 417 y 457 prevén, y adoptan como medidas para conjurar la crisis el distanciamiento social y el aislamiento de las personas, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos, así como para mantener el trafico de servicios y bienes de ordinario consumo.

También podemos afirmar que, si bien en el comercio electrónico será prioritario garantizar la provisión de bienes y servicios de primera necesidad con prelación sobre los bienes y servicios que no lo sean, el comercio en general de servicios y bienes no tiene prohibición o restricción, y es con apoyo en el comercio electrónico que se ayuda al distanciamiento social y aislamiento social y, al mismo tiempo, se preservan los derechos de los consumidores por medios no presenciales. también están permitidas las actividades de logística, distribución y carga en los términos del articulo 7 del decreto 482 del 26 de marzo, también los invitamos a leer Lineamientos sobre el comercio electrónico frente a las medidas de contención del COVID-19   emitidos por el MINTIC.

Por último, respetuosamente les recomendamos acatar las siguientes instrucciones del  Ministerio de Salud  que si bien se refieren expresamente a los domicilios en nuestra opinión aplican para todas aquellas personas que entregan bienes en cumplimiento de operaciones de logística de distribución:

·      Las empresas deberán establecer control diario del estado de salud de sus trabajadores, evitando que los que tengan síntomas de gripa presten servicios.
·      Las empresas deben dotar de mascarilla quirúrgica y guantes desechables a sus trabajadores.
·      Dotar de overol o bata.
·      Dotar de bolsas para que el trabajador guarde la ropa de trabajo y posterior lavado.
·      Procurar pagos con tarjeta débito o crédito y evitar el efectivo.
·      Mantener 2 metros de distancia entre el trabajador y el usuario.
·      Desinfectar los vehículos y elementos de seguridad con alcohol y portar un kit que incluya agua jabonosa o gel antibacterial, toallas desechables, tapabocas y bolsas.
·      Evitar ingresar a los domicilios, en la medida de lo posible
·      Entregar los productos en doble bolsa.
·      Los trabajadores deben lavarse las manos mínimo cada 3 horas. Así como al empezar y terminar servicios.
·      Si algún trabajador presenta síntomas de gripa deberá informar a la autoridad sanitaria o a la EPS.
·      Llevar un registro de entregas con dirección y teléfono.
·      Fomentar el consumo de agua potable y la disminución de tabaco.
·      El tapabocas debe cubrir boca y nariz y siempre en buenas condiciones.
Por su parte los usuarios y consumidores también deben tener en cuenta recomendaciones de precaución:
·      Evitar recibir personas que tengan síntomas de gripa.
·      Usar tapabocas y guantes para recibir los domicilios.
·      El tapabocas debe cubrir boca y nariz y siempre en buenas condiciones.
·      Procurar pagar el valor justo en caso de pagar con efectivo o preferiblemente con tarjeta de crédito o débito.
·      Mantener 2 metros de distancia con el domiciliario.
·      Si es propiedad horizontal, procurar recibir el domicilio en recepción.
·      Solicitar que el producto venga en doble bolsa.
Para el caso de requerirse una reparación o instalación de servicios domiciliaros al interior de la vivienda, tener en cuenta que:
·      El trabajador debe portar guantes y tapabocas y mantener distancia de dos metros con el usuario.
·      Una vez terminado el servicio, limpiar y desinfectar la vivienda.

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Suspensión de contratos de trabajo en la legislación colombiana en momento de COVID 19.



En primer lugar debemos tener presente que en las relaciones laborales reguladas por la legislación colombiana, el concepto de “suspensión” tiene algunas diferencias frente al concepto general que la RAE le atribuye a esta palabra la cual, grosso modo, significa detener o diferir por algún tiempo una acción u obra y privar temporalmente a alguien del sueldo o empleo.
En la legislación colombiana la suspensión, es una sanción disciplinaria (art. 112), una respuesta a una solicitud del empleado, la consecuencia de un hecho o una medida administrativa (art. 51). Así pues, de acuerdo con las normas, la relación en virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración se puede suspender por la configuración de las siguientes causales:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución.
2. Por la muerte o inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo.
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores.
4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria.
5. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar. En este caso el empleador está obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por (treinta (30) días) después de terminado el servicio. Dentro de este término el trabajador puede reincorporarse a sus tareas, cuando lo considere conveniente, y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación.
6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de ocho (8) días y cuya causa no justifique la extinción del contrato.
7. Por huelga declarada en la forma prevista en la ley.

En cuanto a los efectos de la suspensión debemos tener presente que el artículo 53 del Código Sustantivo de trabajo dispone que durante el período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el patrono la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del patrono, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores.  Estos efectos han sido respaldados por la Corte Constitucional que expresó en la sentencia C-1369/00, que en virtud de la suspensión de “el empleador no tiene la obligación de pagar salarios y demás derechos laborales durante este lapso”. En cuanto a los efectos también debe tenerse previsto por el decreto 780 de 2016, que dispone en el artículo 3.2.5.2  que en los períodos de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, no habrá lugar al pago de los aportes por parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador los cuales se efectuarán con base en el último salario base reportado con anterioridad a la huelga o a la suspensión temporal del contrato. No obstante lo dispuesto en el decreto 780/16, son múltiples las situaciones en las que el empleador realiza el aporte que le corresponde al empleado a las entidades a las cuales se encuentran afiliados a salud y pensiones, y claro está, una vez termine la suspensión, puede el empleador deducir lo pagado de los derechos laborales causados o que se causen a favor de los trabajadores, tal como lo prevé el sentencia C-1369/00.  Mirar también la SU-562 de 1999.

Frente a la suspensión del contrato de trabajo como una medida administrativa en momentos de COVID 19, en nuestra opinión deben tenerse en cuenta estos elementos adicionales:
-      La finalidad del Código Sustantivo de Trabajo es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, art. 1
-      La interpretación de las normas laborales debe realizarse dentro de un espíritu de equidad, art. 19
-      El contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe y en virtud de ello obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella, art. 55
-      Es obligación del empleador cuidar y proteger a sus empleados, artículos 56 y 348.
-      La suspensión del contrato de trabajo genera efectos menos gravosos para las partes que la terminación de la relación laboral, pues NO extingue los contratos de trabajo (sentencia C - 1369/00). Y en momentos de emergencia sanitaria, la suspensión como decisión administrativa no ocurre por culpa o responsabilidad del empleador y por esto no es una medida antijuridica.
-      adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio, es una obligación del empleador, y ello puede ser la fuente de decisiones administrativas como la suspensión del contrato de trabajo, en virtud de la situación irresistible ocasionada por una emergencia sanitaria, por ejemplo.
-       Las empresas que no sean de servicio público no pueden clausurar labores, total o parcialmente, en forma definitiva o temporal, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo fuerza mayor o caso fortuito, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por razón de contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor, art. 466.
-       Desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores, en los casos de que tratan los tres (3) primeros ordinales del artículo 51, la fecha de la reanudación del trabajo, mediante notificación personal o avisos publicados no menos de dos veces en un periódico de la localidad, y debe admitir a sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación o aviso.
- La ausencia de aviso al Ministerio de Trabajo, art. 67, ley 50 de 1990, de la suspensión del contrato por fuerza mayor no ocasiona ineficacia, pero sí aconsejamos que se haga.

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