Declaración de Renta de Personas Naturales por el periodo 2020 empieza en agosto de 2021

Si en el año 2020 tu patrimonio, ingresos o gastos superaron las sumas que te presentamos a continuación estas en obligación de presentar declaración de Renta:

Requisitos		En el año 2020
Patrimonio Bruto	<   4.500 UVT	$160.232.000
Ingresos brutos	<  1.400 UVT	$49.850.000
Consumos mediante tarjeta de crédito	<  1.400 UVT	$49.850.000
Total compras y consumos	<  1.400 UVT	$49.850.000
Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras	<  1.400 UVT	$49.850.000

Ahora, el plazo para presentar la declaración por el 2020 y cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, se inicia el 10 de agosto de 2021 y vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

 

SI LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS SON	HASTA EL DÍA
01 y 02	10 de agosto de 2021
03 y 04	11 de agosto de 2021
05 y 06	12 de agosto de 2021
07 y 08	13 de agosto de 2021
09 y 10	17 de agosto de 2021
11 y 12	18 de agosto de 2021
13 y 14	19 de agosto de 2021
15 y 16	20 de agosto de 2021
17 y 18	23 de agosto de 2021
19 y 20	24 de agosto de 2021
21 y 22	25 de agosto de 2021
23 y 24	26 de agosto de 2021
25 y 26	27 de agosto de 2021
27 y 28	30 de agosto de 2021
29 y 30	31 de agosto de 2021
31 y 32	01 de septiembre de 2021
33 y 34	02 de septiembre de 2021
35 y 36	03 de septiembre de 2021
37 y 38	06 de septiembre de 2021
39 y 40	07 de septiembre de 2021
41 y 42	08 de septiembre de 2021
43 y 44	09 de septiembre de 2021
45 y 46	10 de septiembre de 2021
47 y 48	13 de septiembre de 2021
49 y 50	14 de septiembre de 2021
51 y 52	15 de septiembre de 2021
53 y 54	16 de septiembre de 2021
55 y 56	17 de septiembre de 2021
57 y 58	20 de septiembre de 2021
59 y 60	21 de septiembre de 2021
61 y 62	22 de septiembre de 2021
63 y 64	23 de septiembre de 2021
65 y 66	24 de septiembre de 2021
67 y 68	27 de septiembre de 2021
69 y 70	28 de septiembre de 2021
71 y 72	29 de septiembre de 2021
73 y 74	20 de septiembre de 2021
75 y 76	01 de octubre de 2021
77 y 78	04 de octubre de 2021
79 y 80	05 de octubre de 2021
81 y 82	06 de octubre de 2021
83 y 84	07 de octubre de 2021
85 y 86	08 de octubre de 2021
87 y 88	11 de octubre de 2021
89 y 90	12 de octubre de 2021
91 y 92	13 de octubre de 2021
93 y 94	14 de octubre de 2021
95 y 96	15 de octubre de 2021
97 y 98	19 de octubre de 2021
99 y 00	20 de octubre de 2021

 

Responsabilidad de Administradores y cumplimiento normativo.

De acuerdo con el artículo 23 de la ley 222 de 1995 los administradores deben, de manera general, obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Así mismo de manera especifica la referida norma le impone a los administradores del deber de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, y en esta línea el artículo 25 de la ley 222/95 (art. 200 C. Com) dispone que en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.

Sobre el particular en sentencia CS2749 – 2021 la Corte Suprema de Justicia, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo,  expuso que “el artículo 23 de la ley 222 de 1995 no solo estableció la triada de deberes fiduciarios, (…) sino que también tipificó unos deberes específicos de diligencia y lealtad, entre ellos, (…) el de “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”, o también denominado deber de cumplimiento normativo, que exige para los administradores que “garanticen el cumplimiento normativo por parte de la sociedad de todas las norma legales a las que resulte sometida como son las normas de defensa de la competencia, las normas tributarias, laborales, penales, o las normas administrativas especiales. El incumplimiento de cualquiera de las normas a las que se haya sujeta la sociedad puede ser fundamento de la responsabilidad de los administradores porque dichas normas imponen dicha responsabilidad, pero ante esa situación la incorporación del deber  de cumplimiento normativo introduce un fundamento de responsabilidad interna y frente a la sociedad de los administradores por incumplimiento de dicho deber y ejercitando la acción social de responsabilidad cuando no hayan tomado las medidas precisas para garantizar el cumplimiento normativa por parte de la sociedad”.

Precisamente, al advertir la importancia de este deber especifico, la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades 100-006 del 23/05/2008, anotó que “los administradores deberán observar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de naturaleza laboral, fiscal, ambiental, comercial, contable, de protección al consumidor, de propiedad intelectual, de promoción y respeto de la competencia entre otras, que regulan el funcionamiento de la sociedad y sus relaciones con los distintos interesados. Igualmente, deben acatar y velar por la observancia de las estipulaciones de carácter estatutario, comoquiera que las mismas recogen la voluntad de los asociados y regulan sus relaciones entre sí con la compañía”.

En similar sentido se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio quien en la resolucion que lleva por número 76920 de 2021 frente a la responsabilidad de los administradores en los terminos del articulo 23 de la ley 222 de 1995 expresó que “(…) la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma. Velar por el estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de manera real y no formal con la efectividad y rigurosidad requeridas. Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no cumplimiento en todas las actividades que realiza su empresa u organización”

Pesa pues sobre el administrador una presunción de responsabilidad por el incumplimiento normativo y ello genera la carga de demostrar la ausencia de dolo o culpa en su actuar o abstención profesional, o que concurre alguna de las hipótesis de exclusión de la responsabilidad como por ejemplo no haber tenido conocimiento de la acción u omisión, o a haber votado en contra de ella absteniéndose de ejecutarla, o pudiendo aducir aspectos relacionados con las funciones concretas que cada administrador tiene atribuidas en la estructura  jerárquica de la compañía, o con las responsabilidades específicas que hubieran podido asignarse en los estatutos, para así dejar sentado en el proceso que dentro de las funciones del administrador demandado no estaba la señalada como infringida.

Los invitamos a leer Toda operación económica y empresa debe tener una matriz legal. Compliance

Iniciativa legislativa. Iniciativa popular.

Cuando hacemos referencia a la iniciativa legislativa nos estamos refiriendo al derecho de hacer una propuesta al órgano legislativo con la intención de que esta se materialice en una ley (art. 154 Const. Pol.). Recordemos que el “procedimiento legislativo como herramienta de expresión del principio democrático en la labor de configuración normativa del derecho, se integra por un conjunto de actuaciones realizadas por los sujetos autorizados por el ordenamiento constitucional, cuyo resultado final es la sanción y promulgación de la ley” (Sentencia C-031/17).

En Colombia los sujetos con iniciativa legislativa están definidos en la ley 5 de 1992, artículos 140, 141 y 142. En el caso colombiano, se prevén cuatro modalidades de iniciativa, respecto de las cuales se habilitan competencias específicas: la iniciativa de los miembros del Congreso; la iniciativa popular; la iniciativa gubernamental y la iniciativa funcional.  En cuanto a la iniciativa popular, dicen las normas que podrán presentar proyectos de ley: 1. Un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del censo electoral existente en la fecha respectiva. 2. Un treinta por ciento (30%) de los Concejales del país. 3. Un treinta por ciento (30%) de los Diputados del país.

“La iniciativa legislativa implica entonces la posibilidad de presentar una propuesta de regulación ante el Congreso, cuyo efecto consiste en que obliga a este órgano a ocuparse de ella mediante el procedimiento de elaboración de leyes. Por esta razón, la doctrina ha entendido que la iniciativa opera como una especie de fuerza que obliga al parlamento a encargarse, de manera pública, del examen de un determinado tema, a partir de una propuesta que le ha sido radicada por una autoridad competente para dar inicio al debate legislativo. Precisamente, la Ley 5ª de 1992, en el artículo 144, dispone que una vez recibido un proyecto, se ordenará su publicación en la Gaceta del Congreso y será repartido a la comisión permanente competente. En esta última deberá designarse un ponente, el cual tendrá un término máximo para rendir su informe de ponencia, con miras a que los congresistas adopten una posición sobre la iniciativa, ya sea proponiendo su archivo o, en su lugar, su trámite y aprobación (con o sin modificaciones). En caso de que se supere el primer debate, se continuará con un trámite similar hasta lograr el beneplácito de ambas cámaras, teniendo en cuenta que, por regla general, toda iniciativa legislativa requiere de cuatro debates para ser aprobada”. (Sentencia C-031/17)

“La iniciativa popular corresponde a una potestad que introdujo la Carta de 1991, como uno de los instrumentos para materializar la democracia participativa a la cual alude el artículo 3 de la Constitución. Dado el efecto que tiene la activación del procedimiento legislativo y ante la necesidad de que el proyecto propuesto represente realmente los intereses del pueblo, como titular directo de la iniciativa, el Texto Superior consagra algunos requisitos para su ejercicio relacionados con la necesidad de acreditar una entidad suficiente que permita su examen por parte del órgano legislativo. Puntualmente, el artículo 155 de la Constitución señala que: “Podrán presentar proyectos de ley (…), un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva”

En relación con el procedimiento legislativo, la iniciativa popular envuelve dos importantes consecuencias, según lo dispuesto en el citado artículo 155 del Texto Superior. En primer lugar, se impone que su trámite se desarrolle de acuerdo con las reglas que rigen la aprobación de los proyectos que hayan sido sometidos a mensaje de urgencia. Y, en segundo lugar, se establece que los ciudadanos tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del proceso legislativo. El resto de reglas especia-les se consagran tanto en la Ley 5ª de 1992 como en la Ley 134 de 1994, esta última en la que se regulan los mecanismos de participación ciudadana.

Como aspecto a destacar, y al tenor de la existencia de competencias o prerrogativas reservadas en la Constitución, el artículo 29 de la Ley 134 de 1994 dispone que: “Sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación. // No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas ante el Congreso, las asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias: 1. Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes, según lo establecido en los artículos 154, 300, 313, 315, 322 y 336 de la Constitución Política. // 2. Presupuestales, fiscales o tributarias. // 3. Relaciones internacionales. // 4. Concesión de amnistías o indultos. // 5. Preservación y restablecimiento del orden público.”

Convocatorias realizadas por Revisor Fiscal. Alcance y responsabilidad

De acuerdo con el Diccionario de la RAE convocar es citar o llamar a una o más personas para que concurran a lugar o acto determinado.

Pues bien, en materia de reuniones de órganos de las sociedades en Colombia, queremos resaltar que, en los términos del artículo 207 numeral 8 (también artículos 225 y 423, entre otros) del Código de Comercio, el Revisor fiscal cuenta dentro de sus funcionas legales, la de convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

Como se aprecia en la norma, la competencia del Revisor Fiscal es de llamar al máximo órgano social a una reunión extraordinaria, lo cual debe hacerse según la forma prevista en los estatutos y a falta de ello, mediante aviso en un diario de circulación en el domicilio de la sociedad y con inserción del orden del día por tratarse, explícitamente, de una reunión de carácter extraordinario.

Alcance de la citación

De acuerdo con las finalidades de la norma y según lo que ha dicho la Superintendencia de Sociales en conceptos como el 220-41367 de 2001, “claramente el legislador lo facultó [al Revisor Fiscal] expresamente para convocar al máximo órgano social a sesiones extraordinarias, entre otros asuntos, para comunicar a los asociados irregularidades detectadas en el funcionamiento de la compañía”. De reflexiones como las que anteceden advertimos que, el llamado que hace el revisor fiscal al máximo órgano social, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 207 del Código de Comercio tiene la finalidad de informar situaciones o hechos que juzgue deben ser conocidos y valorados por el máximo órgano social, y en esta medida (informar), la cual en nuestro sentir fija el alcance de la reunión y del orden del día, debe dejarse claramente establecido el objeto de citación  cual será la materia de deliberación y decisión para que así los citados puedan para prepararse, opinar y votar a conciencia o por lo menos con algún conocimiento de causa ( Supesociedades OFI. 220-115227 del 28/12/1999)

En nuestra opinión el alcance de la citación y la responsabilidad del revisor fiscal no se extienden a acciones diferentes de informar, como por ejemplo incluir propuestas de reformas de estatutos. No esta por demás recordar que los motivos invocados por el Revisor Fiscal para realizar la citación también pueden ser objeto de evaluación por parte de los miembros del máximo órgano social y, de ser el caso, puestos en conocimiento de las entidades disciplinarias competentes.

No esta por demás reiterar que convocado el máximo órgano social por el Revisor Fiscal con el cumplimiento de los requisitos estatutarios y legales, ello es “un acto jurídico generador de efectos vinculantes para sus destinatarios quienes en tal virtud adquieren la vocación y el correlativo deber de concurrir a la reunión para constituirse en junta, pues es en el seno de la misma que se deben tomar las determinaciones a que haya lugar” Superintendencia de Sociales en conceptos como el 220-41367 de 2001.

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Los invitamos a leer Oficial de Cumplimiento, no puede ser el revisor fiscal y número máximo de contratos

Jornada laboral en Colombia, ¿Cómo quedo?

En primer lugar, recordemos que la regla en Colombia, según el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo es que la duración MAXIMA de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al DIA y cuarenta y ocho (48) a la SEMANA. Pues bien, la ley 2101 del 15 de julio de 2021 ordeno la reducción de la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.

En consideración a lo anterior la jornada máxima queda así:

Año	Jornada Máxima Legal
16/07/2023	47 horas semanales.
16/07/2024	46 horas semanales.
16/07/2025	44 horas semanales
16/07/2026	42 horas semanales

No obstante la disminución gradual prevista en la ley, el empleador podrá acoger de manera anticipada la referida disminución. La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores.

¿Qué se deroga ("exonera") con la disminución de la jornada laboral?

1.- en virtud de la disminución de la jornada, se "exonera" del día semestral de la Familia, es decir, la jornada semestral en la que los empleados compartían con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. (ley 1857/17, art. 3)

2.- las 2 horas semanales para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación que debían otorgar la empresas con más de cincuenta (50) trabajadores y que laboraran la jornada máxima legal (ley 50/90, art. 21) Durante el tiempo de la implementación gradual, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación será ajustada de forma proporcional de común acuerdo entre empleado y empleador.

De acuerdo con la ley 2101/21 el impacto de esta disminución de la jornada será objeto de seguimiento por parte del gobierno nacional.

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Los invitamos a leer Hora extra, ¿qué es?

Etiquetado de productos preempacados, requisitos y prácticas engañosas

En los términos de la ley 1480 de 2011, y como una manera de materializar el derecho de los consumidores a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 32209 de 2020 la cual contiene las reglas de información en etiquetado de productos preempacados. De la resolución 32209 resaltamos los siguientes términos:

Etiqueta: Elemento escrito, impreso o gráfico adherido, aplicado, unido, soplado, formado, moldeado, repujado, colocado, incluido que pertenece o acompaña un preempacado que contiene cualquier producto para propósitos de colocación comercial, incluyendo la marca, identificación o suministro de cualquier información con respecto al producto o al contenido del preempacado.

Cantidad nominal o neta: Cantidad de producto en un preempacado declarada en la etiqueta.

Deficiencia tolerable: Deficiencia permitida en la cantidad nominal de producto en un preempacado.

Preempacado: Elemento individual presentado al consumidor, que consta de producto y de su material de empaque, ensamblado antes de ofrecerlo a la venta y en el cual la cantidad del mismo está expresada por un valor predeterminado en el empaque que lo envuelve completa o parcialmente, de manera que no sea posible alterar la cantidad real del producto, sin abrir el material de empaque o sin que sufra modificaciones perceptibles.

Los preempacados incluyen aquellos marcados con una cantidad nominal constante o con cantidades nominales aleatorias o variables. El término “valor predeterminado” hace referencia al valor determinado antes de que el preempacado sea ofrecido para la venta.

Preempacado inadecuado: Preempacado que contiene una cantidad real que es inferior a la cantidad nominal. Un preempacado inadecuado también se denomina preempacado no conforme.

Requisitos de información:

Los productos preempacados deben llevar en su etiquetado información sobre el nombre o razón social del fabricante, importador o empacador, su identificación, su dirección física y electrónica. En caso que el empacador sea una persona diferente de quien impone su marca o enseña comercial o de quien lo importe, también deberá informarse los datos correspondientes de aquel.

Declaraciones de cantidad: el preempacado debe llevar una declaración de la cantidad nominal del producto en el panel de exhibición principal.

Presentación de la información: La información sobre la declaración de cantidad debe estar impresa, ser legible, que contraste notoriamente con el fondo y con el resto de información del preempacado, y debe estar ubicada sobre el panel de exhibición principal.

Duplicación de información: Si un preempacado tiene más de un panel de exhibición principal, la declaración de cantidad debe indicarse en cada uno de ellos

Prácticas engañosas:

Según la resolución 32209, la etiqueta de un preempacado no debe contener ninguna información ni declaración ambigua sobre la cantidad de producto, que induzca en error a un consumidor. De igual manera, no se deben utilizar expresiones tales como "peso aproximado" o "llenado aproximado", así como otras que no den certeza sobre la cantidad o contenido de un producto.

En cuanto a paredes, fondos, cubiertas o tapas falsas: Un preempacado con fondos falsos, paredes laterales y tapas o cubiertas falsas se considera engañoso, excepto cuando en el empaque el consumidor sea informado de manera clara, precisa y sin lugar a equívocos sobre las condiciones del empaque en las que se ofrece el contenido

Referiendose a espacio vacío no funcional la resolución dispone que un preempacado con un espacio vacío no funcional (espacio vacío que no se requiere en el proceso de producción) se considera engañoso, excepto cuando en el empaque el consumidor sea informado de manera clara, precisa y sin lugar a equívocos sobre las condiciones del empaque en las que se ofrece el contenido.

En todo caso es importante tener presente que el Preempacado es engañoso según la Resolución 32209 de 2020 cuando el Preempacado es elaborado, formado, presentado, marcado o llenado de alguna manera que pueda inducir a error al consumidor acerca de la cantidad de su contenido.

Por último vale la pena tener en cuenta que:

1.- Requisito del promedio: La cantidad real promedio de producto en un preempacado debe ser igual o superior a la cantidad nominal

2.- Llenado completo: Si un consumidor no puede ver completamente el producto en el preempacado, se presumirá que está lleno. Es posible que un preempacado no esté lleno completamente siempre y cuando la diferencia entre el volumen real del material de empaque y el volumen del producto que contiene (espacio vacío funcional) se requiera en el proceso de producción.

3.-  No toda diferencia en entre los valores informados en la etiqueta y lo real genera, automáticamente una sanción de parte de las autoridades, pero sí puede generar procedimientos de ensayo para determinar las diferencias y si estas son tolerables o no. Recordemos que la SIC y las alcaldías deben llevar a cabo ensayos para determinar si los preempacados cumplen los requisitos establecidos en la resolución 32209 de 2020. Los ensayos se pueden realizar haciendo el muestreo de preempacados al nivel de la distribución, incluidos el punto de empaque, importación, distribución, comercialización y venta al por mayor y detal.

 

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Te invitamos a leer Un artículo de un “combo” con una falla, ¿debo devolver el valor total?

Primer empleo de menores de 28 años, el pago de salarios genera beneficio tributario

El artículo 108-5 del estatuto tributario dispone que los contribuyentes declarantes (los que presentan formulario) de impuesto sobre la renta, tienen derecho a deducir (restar) el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona.

Requisitos del Beneficio:

-          Que la persona contratada tenga menos de 28 años

-          Que sea el primer empleo de la persona contratada

-          Que la vinculación sea mediante contrato de trabajo

-          Que el contratado lo sea con ocasión de un nuevo empleo que genera el empleador

-          Que el empleado menor de 28 años sea contratado con posterioridad a la vigencia de la ley 2010 de 2019

-          Contar con un certificado emitido por la Dirección Territorial del Ministerio de trabajo, el cual debe ser expedido dentro dentro los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de expedición por parte del empleador con diligenciamiento de “Formato de Solicitud de Certificación de Primer empleo”. Según la resolución 0846 del 14 de abril de 2021 del Ministerio de Trabajo, estos certificados corresponderán a la vigencia fiscal inmediatamente anterior a la vigencia fiscal en la cual son solicitados.

Límites del beneficio:

-          La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder ciento quince (115) UVT mensuales ($4.175.420 en 2021)

-          El beneficio procederá en el año gravable en el que él empleado sea contratado por el contribuyente declarante.

-          de acuerdo con el decreto 392 de 2021 en caso que el empleado contratado cumpla los 28 años durante el transcurso del año gravable, la deducción del primer empleo procederá hasta el día anterior al cumplimiento de los 28 años.

No está por demás recordar:

1.-  Que según la resolución número 0846 de 021 del Ministerio de Trabajo por primer empleo se entiende el que obtiene una persona menor de 28 años cuando no registra afiliación y cotización como trabajador dependiente o independiente al sistema Integral de Seguridad Social con anterioridad al vínculo que genera el beneficio.

2.- Que según el decreto 392 del 13 de abril 2021 son nuevos empleos aquellos que cumplan con los siguientes parámetros:

a) Representen un incremento entre el # de empleados de la vigencia fiscal en la cual solicita la deducción frente al # de empleados que cotizaban al SG de Pensiones a diciembre de la vigencia anterior, y

b) Generen un incremento en el valor total de la nómina de la vigencia fiscal en la cual solicita la deducción en el impuesto sobre la renta (la suma de los IBC de todos los empleados) en comparación con el valor de dicha nómina del mes de diciembre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, el incremento como mínimo debe corresponder al # de empleados en el literal a.

No se consideran nuevos empleos aquellos que surjan luego de un proceso de reorganización empresarial o cuando se vinculen menores de 28 años para reemplazar personal contratado con anterioridad.

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Te invitamos a leer Ideas para remunerar a los empleados

Compliance, ¿Qué es?

La expresión inglesa “compliance” en el ámbito de la gestión empresarial equivale a “cumplimiento o conformidad”, no solo de las reglas externas a las que esta sometida la empresa (leyes, decretos, resoluciones, reglamentos técnicos, etc) sino también de los contratos, reglas y estándares internos que se autoimponga la compañía de cara al cumplimiento de los propósitos de la empresa y a su sostenibilidad.

En virtud de la implementación de sistemas de compliance las organizaciones, sus directivos, sus empleados y terceros vinculados o relacionados se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas (leyes, contratos, autorregulaciones) y no emplear medida alguna que las contraríe u obstaculice su aplicación.

En cuanto al contenido, componentes y estructura de compliance hay consenso en que ello depende del sector económico del que hace parte la organización, de sus objetivos, misión, visión, direccionamiento estratégico, riesgos, efectos que genera su operación, así como de las interacciones y relaciones con los grupos de interés.

Dentro de los ítems que hacen parte del sistema de cumplimiento encontramos:

-          Definición de matrices normativas

-          Generación de matrices de riesgos

-          Establecimiento de Códigos de Ética y conducta

-          Establecimiento de Códigos de Gobierno Corporativo

-          Reglamento Interno de Trabajo

-          Oficial de cumplimiento.

 

Los sistemas de compliance aportan al desempeño de la gestión corporativa y el cumplimiento de los fines económicos y sociales de las empresas dentro de los términos del artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, así como de los legítimos intereses de sus grupos de interés, todo dentro del principio constitucional (art. 83 Const. Política) y legal (art. 863 y 871 Cod. Com; art. 55 Código Sustantivo de Trabajo, entre otros) de la buena fe.

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Te invitamos a leer Programa de transparencia y ética empresarial ¿Qué es? ¿Quiénes están obligados?

Te invitamos a leer El Riesgo Legal y otros riesgos

Si en portal web hay un precio, compras y en la factura cobran más, revisa la información suministrada desde el principio

En primer lugar, es pertinente tener presente que según el artículo 3 de la ley 1480 de 2011, los consumidores tienen derecho a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, atributos que se extienden al precio del producto (art. 5); y en ello es reiterativa la ley 1480 de 2011 puesto que en el artículo 24 se prevé que la información sobre el precio es parte de la información mínima (básica) que debe ser suministrada por el proveedor al consumidor

Ahora, según la referida ley el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos, como por ejemplo estudio de crédito, seguros, transporte o cualquier otra erogación a cargo del consumidor, la cual deberá ser informada adecuadamente, especificando el motivo y el valor de los mismos (Art. 26)

Regla especial en Comercio electrónico

En materia de comercio electrónico es importante tener presente que según el artículo 50 de la ley 1480 de 2011, el proveedor deber informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo, y si es necesario incurrir en gastos de envío ello se debe informar adecuadamente y por separado.

En materia de comercio electrónico la regla del artículo 50 de la ley 1480 de 2011 tiene por objetivo evitar lo que la Superintentendencia de Industria y Comercio, SIC, denomina “ Precio por Goteo”, sobre este término la SIC dice: “El precio por goteo es una práctica en la cual el precio base mostrado inicialmente difiere del precio total del producto o servicio a contratar, ya que en el proceso de compra se incluyen cargos adicionales como impuestos, sobretasas o sobrecostos por acomodación generado un precio mucho más elevado”.

Así pues, el precio por goteo es una infracción al estatuto del consumidor.

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Te invitamos a leer Error en el precio, ¿el cliente siempre “tiene la razón”? depende