Actuación temeraria de un consumidor, ¿Cuándo se presenta?

En primer lugar recordemos que según el artículo 58 numeral 10 de la ley 1480 de 2011, a los consumidores de actúen de manera temeraria se les puede imponer por parte de la SIC una multa hasta de 150 SMLMV.

Ahora, ¿que debe entenderse por actuación temeraria?

Grosso modo puede decirse, acogiendo la terminología común, que una actuación temeraria es aquella donde una persona obra de manera excesivamente imprudente sin advertir los peligros de su actuar.

En  materia jurídica debemos recordar que son múltiples las sentencias de la Corte Constitucional que han fijado el concepto de actuación temeraria, así por ejemplo las sentencias T-655 de 1998 y T-009 de 2000, y de ellas se concluye que una actuación temeraria es “aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (art. 83 Constitución Política) y, en materia de actuaciones administrativas o judiciales ha sido entendida como aquella que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", y que expresa un abuso del derecho porque constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".

Según el Código general del proceso se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.

6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

De todo lo anterior se concluye que un consumidor actúa de manera temeraria y puede ser objeto de sanción por parte de la SIC cuando por ejemplo utilice un proceso, administrativo o judicial con intenciones de causar daño al empresario, o para obtener un provecho económico indebido.